El magistrado suspendido Mario Morazán compareció en el Congreso y afirmó que tiene la conciencia tranquila y el derecho de su lado.
El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, compareció este jueves ante el Congreso Nacional, luego de la lectura del informe final emitido por la comisión especial del juicio político en su contra.
Durante su intervención, Morazán aseguró que enfrenta el proceso con tranquilidad y respaldo legal, reiterando que confía en su defensa ante las acusaciones.
“Tengo la conciencia tranquila y el derecho de mi lado”
El funcionario suspendido inició su participación afirmando que no teme al proceso legislativo y que considera que la ley lo respalda.
“Tengo la conciencia tranquila y el Derecho de mi lado, la conciencia absolutamente tranquila y el derecho de mi lado”.
Asimismo, señaló que en el marco de las garantías de un juicio político, podría recusar a varios de los diputados presentes, aunque decidió no hacerlo.
“Yo podría en el ejercicio de las garantías que conforme a los estándares internacionales tiene todo juicio político, recusar, empezando por usted, a muchos de los que están acá, pero no lo voy a hacer por una razón”.
Morazán justificó su decisión alegando que una eventual recusación masiva no tendría efecto en el resultado del proceso.
Cuestionamientos a la comisión especial
El magistrado también cuestionó la conformación de la comisión especial, aunque destacó el actuar de uno de sus integrantes, a quien felicitó por separarse del proceso en una etapa anterior.
“El señor Mario Pérez tuvo un acto de decencia en la anterior comisión de juicio político y lo quiero felicitar… usted hizo lo correcto, pero muchos de sus compañeros no siguieron ese acto de decencia”.
Sin embargo, afirmó que no presentaría recusaciones debido a que, según su criterio, el resultado del proceso ya estaría definido.
Entre insurrección de Libre, CN lee informe de juicio político contra Morazán y Ochoa
El Congreso Nacional de Honduras inició la tarde de este jueves 16 de abril la lectura del informe elaborado por la Comisión Especial para el juicio político contra cuatro funcionarios, entre ellos el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán.
La sesión legislativa se desarrolla en medio de un ambiente de alta tensión, luego de que la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizara una protesta con pitos, gritos y pancartas dentro del hemiciclo como manifestación de rechazo al proceso.
Entre tanto, la lectura del documento oficial avanza.
Informe incluye a autoridades electorales
El informe presentado por la comisión legislativa también involucra a otros funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TSE), entre ellos los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.
Los cuatro funcionarios señalados fueron suspendidos de sus cargos desde el pasado martes, en el marco del proceso de juicio político en su contra impulsado en el Congreso Nacional.
Documento de 184 páginas en análisis
El informe consta de 184 páginas; el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, fue el encargado de iniciar la lectura del documento en medio del ambiente de confrontación política dentro del hemiciclo legislativo.
¿Qué revela el informe?
El informe de la comisión especial del Congreso Nacional de Honduras establece que el proceso de juicio político contra altos funcionarios del sistema electoral inició formalmente el 9 de abril de 2026, tras la presentación de una denuncia por parte de tres diputados.
Los congresistas Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos acusaron a varios funcionarios por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en el desempeño de sus cargos y falta de independencia funcional.
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La denuncia fue dirigida contra el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, Marlon David Ochoa Martínez; el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Alexis Morazán Aguilera; así como los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
Inicialmente también se incluía a la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez Álvarez, sin embargo, fue excluida del proceso tras presentar su renuncia antes de la ratificación de la denuncia.
Congreso admitió denuncia con más de 90 votos
El mismo 9 de abril, el pleno del Congreso admitió la denuncia con una mayoría calificada de 91 votos, cumpliendo con lo establecido en la Ley Especial de Juicio Político.
Como parte del procedimiento, se nombró una Comisión Especial de Investigación integrada por nueve diputados, encargados de analizar las pruebas, escuchar a las partes y emitir un informe final.
La comisión fue presidida por la diputada Tania Gabriela Pinto, acompañada por Lissi Marcela Matute Cano como vicepresidenta y Alberto Cruz como secretario, junto a otros legisladores.
Solo uno de los acusados compareció ante la comisión
Como parte del debido proceso, los funcionarios denunciados fueron citados a audiencias públicas el 13 de abril de 2026, con el fin de ejercer su derecho a la defensa.
Sin embargo, según el informe, únicamente compareció el magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera, quien rindió una extensa declaración durante más de cinco horas, presentó pruebas de descargo y respondió a los cuestionamientos de los diputados.
En contraste, Marlon David Ochoa Martínez, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta no acudieron a la convocatoria ni presentaron excusas formales ante la Secretaría del Congreso.
Esta incomparecencia fue documentada mediante actas notariales, según detalla el informe legislativo.
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Acusaciones: parálisis del CNE y riesgo al sistema democrático
En el caso específico de Marlon Ochoa, la comisión recoge señalamientos de haber incurrido en acciones y omisiones orientadas a paralizar el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral durante el proceso de elecciones generales de 2025.
Entre las acusaciones se menciona la supuesta obstaculización del cronograma electoral, la falta de firma de resoluciones clave, ausencias en sesiones determinantes y la deslegitimación del proceso mediante denuncias de fraude que, según el informe, fueron desmentidas por organismos independientes.
Los denunciantes sostienen que estas acciones habrían puesto en riesgo la institucionalidad democrática, al afectar principios constitucionales como la soberanía popular y la alternabilidad en el poder.
Además, se señala que la conducta de los implicados reflejaría negligencia, incapacidad e incluso una falta de independencia en el ejercicio de sus funciones.
Comisión recomienda destitución permanente
Tras analizar las pruebas documentales, testimoniales y las declaraciones rendidas durante el proceso, la comisión concluyó que existen méritos suficientes para deducir responsabilidad política contra los funcionarios señalados.
El informe recomienda al pleno del Congreso aprobar la denuncia en todos sus extremos, así como proceder con la destitución permanente de los implicados de sus respectivos cargos.
Asimismo, plantea que el Poder Legislativo nombre a los reemplazos correspondientes para evitar vacíos institucionales dentro de los organismos electorales.
Proponen reformas para evitar futuras crisis
Como parte de sus conclusiones, la comisión también sugiere impulsar reformas estructurales en el sistema electoral hondureño, con el objetivo de prevenir escenarios de parálisis institucional como los denunciados.
Estas reformas estarían orientadas a fortalecer la independencia, el funcionamiento y la responsabilidad de los funcionarios que integran los órganos electorales, en línea con principios democráticos internacionales como los promovidos por la Organización de Estados Americanos.
El informe marca así un precedente en el control político sobre funcionarios electorales en Honduras, en medio de un contexto de alta tensión y cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos democráticos en el país.