Así fue como los cuatro oficiales, tres asignados a Jalteva y otro a la UMEP-4, habrían secuestrado al testigo protegido y solicitado 70 mil lempiras para liberarlo.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), a través de la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales, presentó un requerimiento fiscal contra cuatro miembros de la Policía Nacional presuntamente implicados en un caso de secuestro ocurrido en Santa María de Real, Olancho, zona oriental de Honduras.
Los acusados son Oscar Andrés Blandín Blandín, José Eliezer Oseguera Aguilar, Rolin Vicente Torres López y Kevin Uliser Maradiaga Centeno.
Tres de ellos estaban asignados al Centro Pedagógico de Internamiento para menores infractores Jalteva, mientras que el cuarto laboraba en la Unidad Metropolitana de Prevención Número 4 (UMEP-4), en la colonia Kennedy, Tegucigalpa, capital hondureña.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), los hechos sucedieron en julio de este año.
Los agentes habrían ingresado sin autorización a la vivienda de un testigo protegido, a quien posteriormente trasladaron contra su voluntad.
Según el expediente, exigieron a los familiares de la víctima un pago de 70 mil lempiras a cambio de dejarlo en libertad.
Tras las diligencias correspondientes, las autoridades lograron identificar plenamente a los presuntos responsables, quienes serán remitidos ante el juzgado competente en materia de criminalidad organizada, ambiente y corrupción para continuar el proceso judicial.
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Condena por el delito de secuestro en Honduras
El Código Penal de Honduras, en su artículo 239, establece que: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”.
Sin embargo, si se trata de un secuestro agravado, el artículo 240 indica que: “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena”.
Además, los policías hondureños que secuestraron al testigo protegido podrían ser sometidos a juicio penal por Asuntos Internos o la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).
Entre las sanciones que los podrían aplicar están:
- Suspensión
- Cancelación definitiva de la carrera policial
- Inhabilitación para ocupar cargos públicos
- Apertura de expediente disciplinario
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