El Gobierno oficializó el Decreto Ejecutivo PCM-016-2026 que declara Estado de Emergencia por 120 días en 75 municipios debido a la sequía.
El Gobierno de la República oficializó la declaratoria de Estado de Emergencia en 75 municipios del país debido al impacto severo del fenómeno de El Niño y la sequía meteorológica.
La medida cobró vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM-016-2026.
El impacto acumulado por el retraso de las lluvias ha provocado un severo déficit hídrico que amenaza la productividad agropecuaria y la seguridad alimentaria.
La disposición gubernamental busca movilizar recursos de forma inmediata para proteger las actividades de subsistencia de miles de familias vulnerables.
La normativa abarca a comunidades golpeadas en Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, manteniendo la puerta abierta para sumar más regiones afectadas. La vigencia de este decreto ejecutivo se extenderá durante 120 días calendario a partir de su publicación.
Articulación institucional y respuesta integral
La coordinación de las acciones de mitigación recae sobre el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, bajo el liderazgo directivo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).
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Este bloque de trabajo ejecutará el Plan Integral de Gestión de la Sequía para canalizar la asistencia técnica, alimentaria y sanitaria en el territorio.
Entre las entidades participantes destacan la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO).
La labor conjunta contará con la asesoría técnica complementaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Humanitaria de Honduras.
Prioridad al sector agrícola y seguridad alimentaria
Las disposiciones priorizan la atención directa a los pequeños y medianos productores agrícolas, facilitando incentivos productivos e infraestructura para la cosecha de agua.
La SAG impulsará prácticas de agricultura climáticamente inteligente para fortalecer los sistemas de riego y proteger la fertilidad de los suelos.
Asimismo, las instituciones trabajarán para asegurar la disponibilidad de agua potable, saneamiento básico, nutrición y atención médica oportuna en las zonas golpeadas.
El monitoreo constante a cargo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) permitirá elaborar informes técnicos periódicos para reorientar los insumos según la severidad del impacto.
Flexibilización financiera y transparencia en compras
Se instruyó a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y gestionar fondos con la cooperación internacional para respaldar la emergencia.
La medida faculta la contratación directa de bienes, obras y servicios estrictamente necesarios para atender las necesidades de las comunidades vulnerables.
Para garantizar la rendición de cuentas, todas las contrataciones celebradas deberán ser notificadas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dentro de los diez días hábiles posteriores a su firma.
Toda la información operativa y financiera estará sujeta a portales de acceso público para asegurar el cumplimiento estricto del principio de transparencia.
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