Pandilleros de la MS-13 y Barrio 18 se amotinaron en varias cárceles de Guatemala y tomaron como rehenes a más de 40 custodios.
El estallido no se improvisó. Desde que el Estado guatemalteco decidió trasladar a los principales cabecillas de las pandillas a una cárcel de máxima seguridad, el sistema penitenciario vive bajo tensión permanente.
El aislamiento de los líderes, recluidos sin contacto con el exterior, rompió un equilibrio frágil que durante años permitió a las pandillas conservar poder tras las rejas.
Este sábado, la respuesta fue directa y violenta: motines simultáneos y la retención de más de 40 guardias penitenciarios en al menos cuatro centros carcelarios del país.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), señaladas por Guatemala y Estados Unidos como organizaciones terroristas, volvieron a mostrar su capacidad de presión desde el interior de las cárceles.
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Pandillas y los más de 40 rehenes en distintos penales
La crisis se extendió por varias instalaciones penitenciarias. A nueve custodios los retuvieron en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde se encuentran los líderes pandilleros, ubicada a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.
Otros 28 guardias permanecieron como rehenes en el centro penitenciario de Fraijanes, mientras que a nueve personas más, entre ellas un psicólogo, las retuvieron en el Preventivo, en la periferia de la capital.
Aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos ni fallecidos durante estos hechos, la gravedad del episodio reavivó el temor a un escenario ya conocido.
El mensaje del Estado: no habrá negociación
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, fue tajante. El Gobierno descartó cualquier negociación para liberar a los rehenes y dejó claro que no cederá ante las exigencias de los pandilleros.
“No hay negociación con los terroristas”, afirmó, al subrayar que el Estado no permitirá que los reos impongan condiciones ni dirijan la agenda de los centros penales.
Las autoridades aseguraron que no restituirán los privilegios que se retiraron ni accederán a traslados a cárceles elegidas por los propios internos.
La molestia de las pandillas, reconoció Villeda, está directamente relacionada con la pérdida de esos beneficios.
Un sistema marcado por la violencia y las fugas
El motín no es un hecho aislado. Durante los disturbios registrados el año pasado en distintas cárceles, los pandilleros ya habían retenido a guardias, y uno de ellos murió por disparos en medio de esos hechos.
La crisis penitenciaria se agravó aún más en octubre, cuando 20 jefes de la pandilla Barrio 18 escaparon de una prisión, provocando una sacudida institucional que terminó con la remoción de la cúpula de seguridad del país.
Hasta ahora, la policía solo recapturó a seis de los reos, mientras que a otro lo asesinaron a balazos, dejando al descubierto las fisuras del sistema.
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El factor internacional y la presión externa
En noviembre, un grupo del FBI llegó a Guatemala con la misión de apoyar el desmantelamiento de organizaciones criminales trasnacionales como la MS-13 y Barrio 18.
La presencia de agencias estadounidenses refleja la dimensión regional del problema y la preocupación por el poder que estas estructuras aún conservan, incluso tras las rejas.
Lo ocurrido vuelve a poner en evidencia una realidad incómoda: las cárceles guatemaltecas no solo encierran criminales, también son escenarios donde el Estado y el crimen organizado miden fuerzas.
Mientras los rehenes permanecen bajo custodia de los pandilleros y el Gobierno mantiene su postura inflexible, el país observa cómo, una vez más, la violencia carcelaria expone la fragilidad de un sistema que intenta imponer control sin ceder terreno.