El agente lesionado se recupera favorablemente, mientras que el migrante permanece bajo custodia federal.
Desesperado por evitar su detención a toda cosa, un migrante indocumentado mordió a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Luisiana, Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el incidente ocurrió en la localidad de Tullos, donde el inmigrante identificado como Maximiliano Pérez Pérez se resistió a ser detenido.
Durante el forcejeo, el hombre mordió a uno de los agentes de ICE en la mano, provocándole heridas y sangrado, por lo que el oficial tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Según el informe oficial, pese a la agresión y al intento de huida, Pérez Pérez fue reducido y detenido minutos después. El DHS calificó el ataque como el uso de “los dientes como arma” y confirmó que el migrante fue acusado formalmente de agresión contra un oficial federal, un delito que agrava su situación legal.
Las autoridades indicaron que Pérez Pérez se encuentra en Estados Unidos de manera irregular, ya que habría ingresado al país sin pasar por un proceso de inspección ni contar con permiso legal de estancia. Una vez que enfrente los cargos federales, también será sometido a un proceso de deportación.
El caso se da en medio de un aumento de incidentes violentos contra agentes federales durante operativos migratorios. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, advirtió que las agresiones contra personal del departamento han aumentado un 1.150 %, mientras que las amenazas de muerte se han incrementado en un 8.000 % en los últimos años.
Funcionarios señalaron que las operaciones migratorias, especialmente en zonas residenciales y rurales, representan riesgos crecientes para los agentes, y reiteraron que no se tolerarán actos de violencia contra las autoridades.
El agente lesionado se recupera favorablemente, mientras que el migrante permanece bajo custodia federal. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión, antes de ser deportado a su país de origen.