La familia se negó a pagar una extorsión millonaria y ahora vive bajo amenazas tras el asesinato de uno de sus seres queridos.
Una familia recicladora del barrio Bosa, en Bogotá, enfrenta una cadena de ataques y amenazas tras negarse a pagar una extorsión de 60 millones de pesos. Sicarios asesinaron a uno de sus integrantes el pasado 23 de diciembre mientras compartía con su hijo, y los delincuentes continúan con llamadas y mensajes intimidantes.
Desde hace un año, una banda criminal acosa a la familia con exigencias de dinero para permitirles seguir operando su bodega de reciclaje en Bosa. Los extorsionistas enviaron panfletos y sostuvieron contactos directos por llamadas y mensajes con amenazas de muerte.
Ante la negativa de pago, los criminales escalaron la violencia. En un ataque previo, hirieron a un cliente que llegó a vender material reciclable. Días después, ejecutaron el homicidio de un familiar cercano a la propietaria del negocio y grabaron el crimen para intimidar.
Lilian Méndez, comerciante y líder del reciclaje en la zona, relató que los sicarios llegaron en motocicleta y dispararon sin importar la presencia de niños. En el ataque, los agresores también hirieron a su hija. Desde entonces, las amenazas no cesan y llegan a diario.
En otro atentado, los delincuentes dispararon contra un reciclador que vendía cartón en la bodega, al confundirlo con uno de los hijos de Méndez. Los agresores pasaron en moto y abrieron fuego, según el relato de la familia.
El calvario comenzó en diciembre de 2024, cuando la banda criminal exigió el dinero con una fecha límite y advirtió consecuencias letales. Tras el asesinato de Jonathan Sánchez, de 25 años, esposo de una de las hijas de Méndez, el miedo se apoderó del hogar y obligó al cierre del negocio.
Nuevos mensajes a familia
Durante una entrevista con Noticias Caracol, la familia recibió nuevos mensajes intimidantes. Los textos anunciaron ataques inminentes y mencionaron por nombre a los hijos de la comerciante, lo que aumentó el riesgo y forzó a la familia a esconderse.
Méndez decidió cerrar la bodega y priorizar la vida de sus hijos. Dos policías le brindan protección, mientras los responsables del homicidio continúan prófugos. La comerciante pidió intervención urgente del GAULA y de la Fiscalía General de la Nación para frenar las amenazas y judicializar a los extorsionistas.
La familia reclama acciones inmediatas. Asegura que el trabajo honesto y el liderazgo comunitario en el reciclaje no pueden convertirse en una sentencia de muerte.
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