“En 10 días ya van más de L3,000 millones en embargos”, alertó el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, sobre el fuerte impacto al Tesoro Nacional.
Una escalada de demandas laborales y embargos por más de 3,000 millones de lempiras en apenas diez días encendió las alarmas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el Gabinete Económico, ante el fuerte impacto que estas ejecuciones están provocando en las finanzas públicas y en la operatividad de varias instituciones, incluidas alcaldías.
La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, se reunió este viernes con magistrados de la Sala Laboral, el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, el procurador general Dagoberto Aspra y representantes del Banco Central, para abordar lo que ya califican como un problema estructural.
VEA: Más de 1,000 millones en embargos afectan cinco alcaldías de Honduras
El portavoz judicial, Melvin Duarte, confirmó que el encuentro inició para revisar “este delicado tema que se ha estado reportando en los últimos días en relación a las diferentes demandas y embargos que afectan a diferentes instituciones y a varias alcaldías del país”.
Duarte agregó que, tras denuncias públicas, la presidenta instruyó investigar posibles irregularidades: “Si hubo alguna participación de algún servidor judicial fuera de la norma, es el tipo de investigación que realiza la Supervisión General”.
“Un ataque sistemático al Tesoro”
El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que “solamente en los últimos 10 días llevamos ya embargos superiores a los 3,000 millones de lempiras que están afectando el Tesoro de la República”.
Hércules recordó que en los últimos cinco años se embargaron cerca de 10,000 millones de lempiras, pero subrayó que la velocidad actual “es realmente impresionante”.
“No es normal. Es un ataque sistemático al Tesoro de la República que tenemos que enfrentar y frenar”, afirmó.
Hércules advirtió que no se está cumpliendo el artículo 313 de las disposiciones generales del presupuesto, que obliga a la comunicación entre juzgados laborales y la Tesorería General antes de ejecutar embargos.
“No es que no se van a pagar las demandas, pero tenemos que prevalecer obligaciones como salarios, salud y educación”, agregó.
Además, el funcionario no descartó la posible colusión entre actores de la Procuraduría, Poder Judicial y abogados defensores privados en los procesos de demandas laborales y embargos.
Fallas de origen y focos de riesgo
El procurador general, Dagoberto Aspra, reconoció que el impacto es considerable: “Son valores enormes, afectan enormemente a las finanzas del Estado y nuestra obligación es evitar que ese daño se materialice”.
Aspra admitió que muchas demandas tienen fallas desde su origen, especialmente por despidos mal ejecutados.
“Hay muchas demandas que tienen falla de origen, no se cumplieron los procesos para poder despedir una persona, por lo cual la expectativa de perder esas demandas es alta”.
También reveló que han identificado “dos juzgados con alto riesgo, juzgados de Choluteca y juzgados de Olancho, donde se están gestando demandas laborales prácticamente fuera de control”.
Solo sentencias firmes
Por su parte, la magistrada coordinadora de la Sala Laboral, Odalis Nájera, defendió la independencia judicial, pero confirmó correctivos.
“Somos respetuosos de la Constitución y de la ley, pero hay ciertas coordinaciones estratégicas que se deben hacer”.
La magistrada explicó que ya se emitió una circular nacional para que solamente proceden embargos en materia laboral contra sentencias firmes, no definitivas.
Añadió que la Constitución establece que cualquier embargo contra el Estado debe canalizarse a través de la Tesorería General.
Nájera también reveló la magnitud del sistema, porque “solo en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán hay un promedio de 19,000 demandas”.
Mientras avanzan las investigaciones y posibles sanciones, el Gobierno reiteró que cumplirá con las obligaciones laborales, pero bajo estricto apego a la ley.
La prioridad, coinciden las autoridades, es frenar irregularidades sin comprometer la estabilidad financiera del Estado ni los derechos de los trabajadores.
ADEMÁS: Diputado de Libre respalda limitar discrecionalidad de presidenta de la CSJ