La CEPAL advierte que Honduras encabeza las tasas de feminicidio en América Latina, mientras la región arrastra fallas en justicia, prevención y atención a víctimas.
Centroamérica tiene leyes para combatir los feminicidios, protocolos de atención y marcos jurídicos que prometen proteger a mujeres, adolescentes y niñas. Pero la violencia feminicida sigue cobrando vidas.
La brecha está en el punto más doloroso: la protección existe en el papel, pero muchas veces no llega a tiempo.
Honduras vuelve a colocarse en el centro de la alarma regional. Según datos publicados en abril de 2026, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país registró la tasa más alta de feminicidios en América Latina, con 3.1 casos por cada 100,000 mujeres, seguido por Guatemala con 1.9.
El dato golpea con más fuerza porque la región no carece de leyes. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá reconocen el feminicidio como delito.
Sin embargo, la impunidad, la revictimización y la débil ejecución de medidas de protección siguen siendo obstáculos centrales.
De interés: Ya van 71 muertes violentas de mujeres que sacuden a Honduras en 2026
Feminicidio con leyes que avanzan y protección que no alcanza
La CEPAL señala que los países centroamericanos dan pasos normativos importantes: tipificación del feminicidio, prohibición del matrimonio infantil y leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres.
Pero esos avances chocan con sistemas saturados, poca cobertura de refugios, atención insuficiente y fallas en la evaluación del riesgo.
En muchos casos, las mujeres denunciaron antes, pidieron ayuda o estuvieron bajo alguna medida de protección.
El problema, entonces, no es solo la ausencia de leyes, sino la incapacidad de hacerlas funcionar antes de que la violencia termine en muerte.
La violencia íntima detrás de muchos crímenes
La mayoría de víctimas se concentra entre los 15 y 44 años, aunque también hay niñas y mujeres mayores.
En numerosos casos, el agresor es la pareja o expareja, lo que revela el peso de la violencia doméstica, el control coercitivo y las relaciones marcadas por amenazas previas.
La CEPAL también advierte que la falta de datos desagregados por edad, nacionalidad, pertenencia étnica y contexto impide construir políticas públicas más precisas. Sin información completa, la prevención llega tarde o llega mal.
El reto: pasar del marco legal a la protección real
La recomendación regional apunta a fortalecer alertas tempranas, mejorar evaluaciones de riesgo, coordinar justicia, salud, educación y protección social.
También llama a asegurar presupuesto para servicios integrales, porque sin recursos, refugios, atención psicológica, acompañamiento legal y respuesta judicial efectiva, las leyes quedan como promesas incompletas.
Centroamérica ya escribió en sus códigos penales que los feminicidios son un crimen. El desafío pendiente es más profundo.
Se debe lograr que esa protección salga del papel, llegue a las mujeres en riesgo y evite que una denuncia previa se convierta, otra vez, en una muerte anunciada.
Lea también: ‘Me arrepiento’: habla hombre que mató a su pareja en Roatán