Expertos advierten que Honduras ya no puede postergar una reforma electoral profunda.
El último proceso eleccionario dejó algo más que resultados en disputa: dejó una sensación colectiva de agotamiento institucional. Para el abogado Kennett Madrid, la lección es clara y urgente: Honduras necesita reformas electorales profundas y sin más dilaciones.
“No se trata solo de ajustes técnicos, sino de una concertación real donde no decidan únicamente los políticos, sino que se escuche al pueblo”, advierte.
A su criterio, el sistema actual llegó a un punto de saturación que amenaza con repetir o agravar los conflictos ya vividos.
Reformas para sacar las manos políticas del órgano electoral
Uno de los nudos centrales, según Madrid, es la injerencia directa de los partidos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La presencia de tres fuerzas políticas dentro del órgano convirtieron cada decisión en una disputa de poder, especialmente en áreas sensibles como el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
“Cuando ninguno confía en el otro, el resultado es la parálisis. Por eso se terminó tercerizando un servicio que debería ser propio del Estado”, señala.
En contraste, pone como ejemplo a países donde los organismos electorales cuentan con plataformas tecnológicas propias, blindadas de intereses partidarios.
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Ciudadanizar las urnas y modernizar la tecnología
Otro eje clave es la ciudadanización real del proceso. Madrid insiste en que las Juntas Receptoras de Votos deben integrarse mediante sorteo, no por cuotas partidarias.
“Son los mismos políticos los que se acusan de fraude. Esa contradicción no puede seguir gobernando las elecciones”, subraya.
En materia tecnológica, el abogado plantea un giro de fondo: dejar atrás sistemas basados únicamente en huella dactilar y avanzar hacia el reconocimiento facial, con infraestructura preparada con años de anticipación.
“La tecnología debe ser un respaldo de confianza, no una fuente más de sospechas”, apunta.
¿Cambiar la fecha de las elecciones?
Entre las propuestas más disruptivas está mover la jornada electoral de noviembre a septiembre.
La idea, explica Madrid, es ganar tiempo para revisar inconsistencias, atender recuentos y permitir que el 30 de noviembre ya exista una declaratoria oficial.
Ese ajuste, asegura, abriría la puerta a una transición de gobierno más ordenada, con al menos dos meses para un relevo pacífico y planificado, algo que Honduras no siempre logra.
El rol del Congreso y la presión ciudadana
Para la politóloga Patricia Burdett, la viabilidad de las reformas depende de una alianza clara entre el próximo Congreso Nacional y la sociedad civil.
Si existe voluntad política, sostiene, en seis meses el país podría contar con una nueva ley electoral o un paquete robusto de reformas.
“Cualquier congresista que se niegue a reformar será juzgado por el pueblo”, advierte, dejando claro que el costo político de la inacción será alto.
Vacíos legales que no pueden repetirse
Burdett señala como vergonzoso que la ausencia de un consejero o su suplente pueda paralizar procesos clave dentro del CNE.
Para ella, ese vacío legal permitió retrasos injustificados, como los atribuidos al Partido Libertad y Refundación a través de Marlon Ochoa.
También cuestiona los procesos de licitación cerrados o poco transparentes. A su juicio, estos deben ser abiertos, observables y gestionados desde el CNE, no desde los partidos políticos.
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Independencia o repetición del conflicto
La conclusión de ambos analistas converge en un punto esencial: los partidos pueden tener participación, pero no control.
La cúpula del CNE debe ser independiente, técnica y profesional, si Honduras aspira a romper el ciclo de sospechas, retrasos y conflictos postelectorales.
Las reformas ya no son una promesa de campaña ni un debate académico. Son, para muchos, la última oportunidad de evitar que el sistema electoral hondureño siga siendo rehén del manoseo político y del desgaste institucional que mina la confianza ciudadana elección tras elección.