Las declaraciones del excanciller Reina sobre la legalidad laboral desatan duras criticas de Cristian Midence y la abogada Sandra Ponce.
Las declaraciones del excanciller de la República en el Gobierno de Xiomara Castro, Eduardo Enrique Reina, sobre la legalidad en los procesos de separación de funcionarios diplomáticos provocaron un intenso cruce de señalamientos en el ámbito político y jurídico, luego de que figuras vinculadas al Partido Nacional y al sector legal cuestionaran la coherencia de su postura.
Reina se pronunció tras conocerse que el Gobierno enfrenta resistencia de algunos embajadores y cónsules para entregar sedes diplomáticas, un contexto que derivó en un debate público sobre derechos laborales, procedimientos legales y precedentes políticos.
Reina apela al marco legal
El excanciller sostuvo que en el derecho administrativo y laboral las decisiones deben adoptarse y revertirse bajo el imperio de la ley, advirtiendo que un llamado a poner cargos a disposición no implica automáticamente una destitución.
“Las cosas en derecho se hacen o se deshacen de la misma forma y bajo el imperio de la ley. Hay procedimientos legales que deben respetarse”, expresó Reina, al subrayar que la Constitución de la República protege los derechos y garantías laborales.
Según el exfuncionario, esas garantías también están respaldadas por los convenios internacionales suscritos por Honduras, el Código del Trabajo, la Ley de Servicio Civil y la Ley del Servicio Exterior, normativa específica que regula la situación de los funcionarios diplomáticos y consulares.
Reina cuestionó que decisiones de este tipo se pretendan ejecutar mediante circulares administrativas, señalando que las leyes laborales son de orden público. “Son nulos los actos o disposiciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen derechos”, enfatizó, al advertir que no todo puede imponerse “con la fuerza, el autoritarismo o la injerencia”, cuestionó.
Midence cuestiona contradicciones
Las declaraciones del excanciller generaron reacciones inmediatas. El presidente de la Juventud del Partido Nacional, Cristian Midence, puso en duda la coherencia del discurso de Reina y recordó decisiones tomadas durante el cambio de gobierno de hace cuatro años.
A través de su cuenta en X, Midence escribió:“Ex canciller… cuando ustedes les dieron tres días a todos los jefes de misión, embajadores y oficinas consulares para poner su cargo a disposición, ¿qué implicaba?”.
El señalamiento apunta a que, según sectores nacionalistas, la práctica cuestionada por Reina habría sido aplicada por su propio partido cuando asumió el poder, lo que consideran una contradicción en su postura actual.
Sandra Ponce eleva el debate a lo legal
A las críticas se sumó la abogada y exfiscal Sandra Ponce, quien fue más allá y acusó directamente al excanciller de haber incurrido en despidos políticos ilegales durante su gestión.
“¿Hablas en serio? El Convenio 111 de la OIT prohíbe despedir por razones políticas. Vos destituiste ilegalmente por razones políticas a una centena de servidores”, escribió Ponce, asegurando que esos hechos constituyen delito de discriminación en la legislación hondureña.
La abogada afirmó que esas acciones estarían documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevando el debate del plano político al jurídico y de derechos humanos.
El cruce de declaraciones evidencia que el tema del servicio exterior y los cambios en las embajadas ha reabierto viejas heridas políticas, donde los argumentos legales chocan con los antecedentes de gestiones pasadas.
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