Honduras cumplió tres años bajo un régimen que suspendió libertades y prometió seguridad, pero dejó abusos policiales, comunidades fracturadas y más vulnerabilidad.
Tres años después de su aprobación, el estado de excepción en Honduras no dejó paz ni orden ni seguridad.
Lo que dejó fue la pérdida prolongada de derechos constitucionales y un país convertido en laboratorio de miedo, donde la población se siente atrapada entre la criminalidad y los cuerpos de seguridad.
Esa es la conclusión que se desprende del informe “Estado de excepción y violencia estructural”, elaborado por la entidad sin fines de lucro Cristosal.
Los hallazgos señalan que fue en los primeros dos años que se entendió el verdadero costo humano de una medida que terminó normalizando lo excepcional.
Estado de excepción que se volvió permanente
Lo que inició en diciembre de 2022 como una respuesta temporal para combatir la extorsión se prorrogó al menos 26 veces, ampliándose hasta cubrir más de la mitad del territorio hondureño.
Cristosal señala que estas renovaciones se hicieron sin controles legislativos, sin evaluaciones claras y sin participación ciudadana.
Convirtieron lo extraordinario en una regla diaria que restringió libertades esenciales como la circulación, la reunión pacífica y las garantías procesales.
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Seguridad debilitada: la violencia no bajó, solo cambió de forma
Pese al discurso oficial, el informe revela que la violencia no desapareció: se transformó.
La aparente reducción de homicidios se cuestionó por falta de transparencia, mientras los testimonios recogidos en el estudio apuntan a un fenómeno distinto: ciudadanos que sienten más miedo ahora que antes.
“El ciudadano vive inseguridad por parte de estos mismos agentes”, expresó Luisa desde la capital de Honduras, Tegucigalpa.
“No vemos cambios. Más bien la violencia se mantiene o aumenta”, añadió Raúl, también del Distrito Central.
La violencia policial se volvió parte del paisaje. Y el silencio, una forma de sobrevivencia.
Abusos al alza: detenciones, golpes y humillaciones
El informe documenta casos que estremecen:
- Allanamientos sin orden judicial.
- Robos cometidos durante operativos.
- Golpizas, torturas psicológicas y disparos intimidatorios.
- Cateos abusivos a niños y adolescentes.
- Tocamientos indebidos a mujeres y niñas.
Testimonios incluidos por Cristosal muestran la crudeza: “A uno de los muchachos lo golpearon toda la tarde, tiraban tiros para asustarlo”, relató Lorena.
La excepción, en la práctica, abrió la puerta para abusos que serían impensables en un contexto de garantías plenas.
Extorsión sin freno: la promesa incumplida
Tres años después, la extorsión, el delito que justificó el estado de excepción, sigue siendo el motor del miedo y la ruina comunitaria.
El informe revela que la mayoría de detenciones no fueron por extorsión, sino por delitos no relacionados. Mientras tanto: “Le dieron 24 horas a mi vecino para irse o lo mataban”, relató Jaime.
Negocios cerrados, familias desplazadas, rutas de transporte quebradas. La estructura criminal sigue intacta.
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Un clima de ansiedad: comunidades fracturadas
Cristosal evidencia cómo las comunidades viven hoy bajo un estado emocional permanente de miedo:
- Patronatos que dejaron de reunirse por temor a represalias.
- Jóvenes que evitan salir por la noche “para no dar sospechas”.
- Vecinos que prefieren callar abusos policiales.
- Familias enteras desplazadas por amenazas.
- Salud mental deteriorada: ansiedad, estrés crónico, depresión.
La medida, lejos de reconstruir el tejido social, lo rompió aún más.
El informe confirma que las amenazas de maras y el miedo a la represión generan más desplazamiento interno y más migración.
Destacan que, aunque existe una ley para proteger a desplazados internos, su aplicación es limitada, dejando a miles de familias en abandono institucional.
El costo humano fue demasiado alto. La pregunta ya no es si funcionó. La pregunta es cuánto tardará Honduras en recuperar lo que perdió durante estos tres años sin garantías.