El procurador Dagoberto Aspra denunció que su antecesor usó fondos públicos para defenderse de una demanda personal que incluye al fiscal general.
No fue una auditoría rutinaria ni un trámite administrativo más. Según el procurador general, lo que encontraron en los archivos de la institución reveló una operación que, a su juicio, cruzó una línea peligrosa entre lo público y lo privado. Dagoberto Aspra denunció que el 26 de enero de 2026, a pocos días de finalizar su gestión, el exprocurador Manuel Díaz Galeas contrató de manera irregular un bufete en Estados Unidos y autorizó el pago anticipado de 300 mil dólares para su propia defensa legal.
La denuncia presentada en TN5 Matutino, además, revela que la demanda civil presentada en Estados Unidos no solo iba dirigida contra el exprocurador, sino también contra el fiscal general y otros exfuncionarios de la administración anterior, señalados a título personal por presuntos incumplimientos contractuales.
“El contrato no era para proteger al Estado, era para protegerse él mismo”, sostuvo Aspra, al detallar que la demanda que motivó esa contratación fue interpuesta por un ciudadano estadounidense a título personal contra varios exfuncionarios.
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El exprocurador y una demanda personal pagada con dinero público
De acuerdo con la denuncia, la acción judicial no iba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios específicos por un supuesto incumplimiento contractual.
Pese a ello, el exprocurador habría utilizado recursos institucionales para contratar abogados con dos objetivos claros: pedir el sobreseimiento del caso o trasladarlo a tribunales en Washington.
“Visualizamos que se trató de un claro abuso. Se pagó por adelantado, con un monto sobrevalorado, para resolver un problema personal del exprocurador”, afirmó Aspra.
Para el actual titular de la Procuraduría, el caso resulta especialmente grave porque el contrato se firmó en el tramo final de la administración anterior, cuando ya no existía margen político ni institucional para una supervisión efectiva.
La respuesta: “No era una defensa personal”
Tras la denuncia pública, el exprocurador Manuel Díaz Galeas reaccionó en la red social X, donde rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de la contratación del bufete en Estados Unidos.
Según Díaz Galeas, la demanda no era de carácter personal, sino que estaba dirigida contra “agentes estatales hondureños” que actuaron en defensa de los intereses de la República durante el ejercicio de sus cargos.
“El caso se sustenta en derecho público, derecho internacional y derecho estadounidense”, sostuvo.
El exfuncionario explicó que el proceso está vinculado con la demanda presentada por el ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer DRC, quien, según afirmó, habría intentado obtener cerca de tres mil millones de lempiras del Estado hondureño, sin éxito, debido a la defensa jurídica ejecutada por la Procuraduría.
Además, señaló que el caso mantiene procesos penales en curso en tribunales nacionales y lanzó cuestionamientos directos contra el actual procurador, Dagoberto Aspra.
Díaz Galeas afirmó que Aspra defendió previamente a varios imputados en el mismo expediente, lo que a su juicio, configura un “brutal conflicto de intereses”, dado que la Procuraduría General de la República coadyuva actualmente con el Ministerio Público en la acusación.
“¿Defenderá al Estado o maniobrará a favor de sus clientes?”, cuestionó en su publicación.
Investigación y posible daño patrimonial
Aspra confirmó que ya cuentan con toda la documentación relacionada con el contrato y el pago, y que se prepara un informe para remitirlo a las autoridades competentes.
“Estamos analizando los alcances, las aristas y las responsabilidades. Creemos que aquí pudo existir un delito o un daño patrimonial irreversible”, advirtió.
El funcionario fue enfático: el Estado no debe asumir los costos de procesos judiciales que corresponden a funcionarios a título individual.
“No voy a pagar una demanda cuando es personal. Eso es un abuso”, reiteró.
Un sistema saturado de demandas
Más allá del caso puntual, Aspra expuso un panorama preocupante sobre la situación legal del país. Según explicó, Honduras enfrenta un “sin fin” de demandas, muchas de ellas originadas en fallas administrativas.
“Ha sido un negocio demandar al Estado”, lamentó. Entre los principales problemas mencionó:
- Procesos laborales iniciados sin respetar los procedimientos legales.
- Demandas civiles con errores de origen difíciles de corregir.
- Litigios en el ámbito contencioso administrativo y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Estos fallos, aseguró, reducen drásticamente la capacidad de defensa de la Procuraduría y elevan los costos para el erario.
Presupuesto comprometido y contratos vencidos
Otro de los hallazgos señalados por Aspra apunta al uso intensivo de bufetes privados durante la administración anterior.
Según sus datos, se comprometieron alrededor de 600 millones de lempiras del presupuesto institucional, de los cuales ya se habrían pagado unos 400 millones en honorarios legales.
“La mayoría de esos contratos están vencidos y ya pagados. Pero este último, el de los 300 mil dólares, es el que más nos llama la atención”, explicó.
Para el nuevo procurador, el patrón revela una gestión que priorizó soluciones externas costosas, sin fortalecer la capacidad interna del Estado para defenderse.
La situación se agrava con los embargos derivados de sentencias firmes, principalmente en materia laboral.
Aspra detalló que solo por ese concepto se han retirado 1,200 millones de lempiras de la cuenta única del Estado. A ello se suman otros 700 millones que permanecen en fila de cobro.
“La mayor demanda es de exempleados de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social), que el Estado ya está condenado a pagar”, precisó.
Un precedente en juego
La denuncia sobre los 300 mil dólares no es solo un expediente más. Para la actual Procuraduría, representa una prueba de fuego sobre hasta dónde puede llegar el uso indebido de recursos públicos sin consecuencias.
Si prospera la investigación, el caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad personal de los funcionarios que, desde cargos estratégicos, toman decisiones que comprometen el patrimonio nacional.
Mientras tanto, el Estado sigue enfrentando una avalancha de demandas, embargos y pagos heredados, en un escenario donde cada error reforzado en el pasado se traduce hoy en menos recursos para salud, educación y desarrollo.
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