Las consejeras hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional y a los observadores para que documenten lo que ocurre.
Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) denunciaron este martes una grave crisis institucional tras asegurar que las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), se encuentran bajo secuestro.
Lo anterior ha provocado la paralización forzada del escrutinio especial de las actas electorales.
De acuerdo con un post hecho por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, desde hace varios días miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) acreditados por el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre), y que no son empleados del CNE, han impedido el ingreso del personal institucional al CLE, restringiendo sus funciones y ejerciendo presión mediante actos de intimidación y violencia.
La consejera Ana Paola Hall calificó la situación como un “secuestro a la institucionalidad”, al señalar que funcionarios del CNE han sido retenidos fuera de las instalaciones, obligados a identificarse y advertidos de que “se deben a los partidos políticos”, aprovechando una notable superioridad numérica.
“Nos encontramos disminuidos en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar su trabajo y el personal enviado para el escrutinio especial se niega a cumplir su función y avasalla al CNE”, expresó Hall, quien cuestionó la falta de acción de las autoridades responsables del orden público y exigió una investigación inmediata de los hechos.
Por su parte, la consejera Cossette López denunció que representantes del Partido Liberal y Libre han impedido los escrutinios especiales y violentando tanto los espacios físicos como a las personas que laboran en el organismo electoral.
Según un post que hizo, entre los hechos denunciados se incluyen agresiones físicas, hospitalización de miembros de JEVR del Partido Nacional, quema de llantas, destrucción de mobiliario urbano y más.
El CNE advirtió que estas acciones, además de ser ilegales, ponen en riesgo la integridad del personal, el material electoral y el desarrollo del proceso democrático, obstaculizando de manera sistemática el avance del cronograma electoral.
Ante la gravedad de la situación, las consejeras hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional y a los observadores para que documenten lo que ocurre, advirtiendo que “el proceso electoral y el futuro de Honduras están siendo arrebatados por unos pocos”.
