Nicolás Maduro y su círculo cercano convirtieron al Estado en una plataforma para mover toneladas de cocaína, en alianza con guerrillas y cárteles.
La operación no era improvisada ni marginal. Según la acusación federal, el narcotráfico funcionó bajo autorización política directa. Los cargamentos salían desde Venezuela por aire y mar, protegidos por fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.
La cocaína provenía principalmente de Colombia. Desde allí, guerrillas como las FARC y el ELN la trasladaban hasta territorio venezolano, donde entraba en una segunda fase: el control estatal de la logística.
Maduro facilitó los aeropuertos oficiales y pistas clandestinas
Uno de los puntos centrales del expediente es el uso de infraestructura oficial. Aviones cargados con cocaína despegaron desde:
- el aeropuerto internacional de Maiquetía
- pistas clandestinas bajo resguardo militar
- hangares reservados para operaciones presidenciales
Según los fiscales, estos vuelos no eran detectados porque no debían serlo. Contaban con permisos, planes de vuelo aprobados y escoltas que garantizaban su salida sin inspecciones.
En un caso documentado, más de cinco toneladas de cocaína fueron cargadas en un avión DC-9 con destino a México.
La droga la trasladaron en vehículos oficiales hasta el aeropuerto y fue subida por personal militar.
De interés: Washington declara al Cártel de los Soles una amenaza de terrorismo
Pasaportes, diplomacia y dinero en movimiento
Cuando el dinero debía regresar, la operación cambiaba de forma pero no de control. El expediente sostiene que, siendo canciller, Maduro facilitó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y usó misiones oficiales como cobertura.
Aviones privados llegaron a México bajo estatus diplomático. El dinero del narcotráfico era cargado en vuelos protegidos y regresaba a Venezuela sin controles aduaneros. Todo bajo la fachada de relaciones exteriores.
Guerrillas y cárteles: coordinación, no subordinación
Maduro no operó solo ni impuso órdenes aisladas. La acusación describe coordinación directa con organizaciones armadas:
- FARC y ELN controlaban producción y corredores desde Colombia
- Cártel de Sinaloa y Los Zetas asumían el traslado hacia México y EE. UU.
- Tren de Aragua garantizaba seguridad interna y control costero.
Las reuniones incluían pactos de paso seguro, protección armada y reparto de ganancias. En algunos casos, la cocaína se intercambió por armas.
Centroamérica: el tramo silencioso de la ruta
Una vez fuera de Venezuela, la cocaína no viajó directo a Estados Unidos. El expediente ubica a Honduras, Guatemala y México como puntos estratégicos de transbordo.
Las cargas llegaban por mar o aire, se almacenaban temporalmente y luego continuaban su ruta.
En estos países, según el documento, la operación dependía de corrupción local, pagos a funcionarios y protección política, replicando el modelo venezolano a menor escala.
La familia como garantía de control
El expediente también describe cómo el control no se delegó a terceros sin confianza. Familiares directos de Maduro aparecen vinculados a vuelos, reuniones y coordinación de cargamentos.
Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, habría participado en traslados aéreos y negociaciones para futuros envíos.
La lógica, según fiscales, era simple: el negocio debía quedar dentro del círculo de lealtad absoluta.
Narco-terrorismo desde el poder
Para la justicia estadounidense, el punto clave no es solo la droga, sino su destino político. El dinero del narcotráfico, señala la acusación, servía para:
- sostener alianzas armadas
- financiar estructuras de control
- asegurar permanencia en el poder.
Lea también: Nueva York revela cómo Honduras fue ruta clave del Cartel de los Soles
Por eso, el caso tipifica las acciones como narco-terrorismo, al beneficiar a organizaciones designadas como terroristas mediante recursos, armas y protección estatal.
Las rutas, los vuelos y las alianzas no funcionaban pese al Estado, sino desde el Estado.
Hoy, con Maduro bajo custodia, ese engranaje queda expuesto. No como una historia del pasado, sino como una advertencia regional: cuando el poder político controla la cocaína, las fronteras se vuelven simples líneas en el mapa y la violencia encuentra caminos abiertos.