El proceso electoral dejó siete personas asesinadas, decenas de víctimas y una violencia política que marcó la campaña y los días posteriores a la votación.
La violencia política volvió a irrumpir en el escenario electoral hondureño como una sombra persistente. No apareció de golpe ni se limitó a un solo momento: acompañó la campaña desde sus primeras etapas y se extendió más allá del día de la votación, dejando un saldo humano que expone las fragilidades del proceso democrático.
Entre el inicio de la campaña y los días posteriores a las elecciones, la organización Cristosal registró 67 hechos de violencia política en distintas regiones de Honduras.
El recuento no solo habla de cifras, sino de personas que vieron vulnerados sus derechos, su integridad y, en los casos más extremos, su vida.
Cuando la violencia política terminó en asesinatos
De acuerdo con el monitoreo realizado por Cristosal, la violencia política alcanzó su expresión más grave en los ataques directos contra la vida.
El informe de la organización documenta siete asesinatos y seis atentados contra candidatos, militantes o personas vinculadas con el proceso electoral, algunos de los cuales sobrevivieron a los ataques.
René Valiente, director de investigación de la organización, explicó que estos hechos reflejan un patrón preocupante durante el proceso.
“La investigación que Cristosal realizó desde el inicio del proceso electoral hasta unos días después de la realización de las elecciones reveló la presencia de distintas formas de violencia, algunas de las más graves son atentados contra la vida de candidatos o personas vinculadas con los procesos que llevaron a la muerte a siete personas y otras seis que tuvieron atentados y sobrevivieron”, señaló.
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Los nombres detrás de las cifras de violencia política
Detrás de ese registro hay hechos concretos que marcaron el calendario electoral. En septiembre de 2025 fue asesinado Óscar Bustillo, aspirante a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), en el barrio Montecristo, en el departamento de Yoro.
Semanas antes, en la primera quincena de febrero de 2025, a menos de un mes de las elecciones primarias del 9 de marzo, la violencia política golpeó de forma directa al Partido Nacional.
El 11 de febrero, en Esparta, Atlántida, fue asesinado Óscar Gerardo Montoya, aspirante a la alcaldía.
Apenas cinco días después, el 16 de febrero, Iván Zambrano, también aspirante a alcalde, fue ultimado en Morazán, Yoro.
Meses más tarde, el 9 de julio de 2025, la violencia volvió a sacudir el escenario político: hombres armados asesinaron al alcalde de San Isidro, Intibucá, Francisco Martínez Domínguez.
Este fue un hecho que volvió a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes participan en la vida política local.
Amenazas, coacciones y violencia de género: el daño que no siempre se ve
La violencia política no se manifestó únicamente en hechos letales. Cristosal también identificó amenazas, coacciones, uso de lenguaje de odio, violencia de género y violencia simbólica, prácticas que, aunque menos visibles, tuvieron un impacto profundo.
Estas agresiones afectaron de manera grave a 53 personas, quienes enfrentaron distintos tipos de ataques durante el proceso electoral.
“Registramos 67 hechos de violencia en los que identificamos la afectación grave a los derechos y la integridad de 53 personas. Son 53 víctimas detrás de estos casos que sufrieron agresiones de distintos tipos. Documentamos a profundidad 23 casos”, explicó Valiente.
El mapa territorial de la violencia política
El comportamiento territorial de la violencia política mostró contrastes claros. La mayoría de los incidentes se concentraron en el Distrito Central, particularmente en Tegucigalpa.
Sin embargo, los hechos más graves, homicidios y atentados, ocurrieron en departamentos del interior como Yoro, Cortés, Atlántida y Santa Bárbara.
Se evidenció que la violencia letal se desplazó hacia zonas donde la política local suele ser más vulnerable.
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Un saldo que va más allá de las cifras
El saldo que deja la violencia política, según Cristosal, no se reduce a un conteo estadístico.
Siete personas asesinadas y 53 víctimas representan vidas marcadas por el miedo, la agresión y la vulneración de derechos en un proceso que debería garantizar participación y libertad.
La violencia política volvió a imponer un costo alto a la democracia hondureña. Aunque las elecciones concluyan, las consecuencias de estos hechos permanecen.
Esos hechos, recuerdan que participar en política en Honduras sigue siendo, para muchos, un riesgo real.