La relatora Mary Lawlor instó al Estado hondureño a frenar el patrón de violencia que ha cobrado la vida de 70 defensores desde 2020.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un nuevo pronunciamiento sobre la crítica situación de vulnerabilidad que atraviesan los defensores de garantías fundamentales en el país. La alerta pone énfasis en el clima de hostilidad que impera contra los liderazgos comunitarios.
Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de defensores, manifestó su preocupación por los ataques sistemáticos que sufren los colectivos agrarios. Según la experta, las comunidades dedicadas a la protección de la tierra se encuentran bajo un asedio constante.
El organismo internacional destacó que el epicentro de esta crisis se localiza en la zona del Bajo Aguán. En esta región, las agresiones contra las cooperativas campesinas han incrementado su frecuencia, dejando en evidencia la fragilidad de los mecanismos locales de protección.
Lawlor hizo un llamado enérgico a las autoridades para que diseñen una estrategia de seguridad que no sea solo reactiva, sino preventiva e integral. La falta de una política pública efectiva permite que los perpetradores de la violencia sigan actuando sin temor a sanciones legales.
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Mary Lawlor urge detener la espiral de violencia en el Bajo Aguán
La experta en derechos humanos señaló que los eventos violentos registrados desde inicios de este año son una muestra de que el peligro es inminente. La protección de quienes resguardan los bienes comunes debe ser una obligación ineludible para el Estado.
“He recibido noticias preocupantes… las personas defensoras en las comunidades campesinas siguen enfrentándose a una situación de inseguridad grave”, detalló Lawlor en su pronunciamiento.
Para la ONU, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente para desarticular los patrones de agresión en las zonas rurales. El acoso judicial y la persecución física se han vuelto herramientas comunes para neutralizar el trabajo de los activistas ambientales y sociales.
La relatora subrayó que el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH) es vital para documentar estos atropellos. Sin embargo, advirtió que sin voluntad política para investigar y castigar, la impunidad continuará alimentando la crisis de seguridad nacional.
Se exhortó al Gobierno a priorizar el diálogo con las organizaciones campesinas y a fortalecer las unidades de protección especial. La comunidad internacional observa con cautela la efectividad de las medidas actuales ante la persistencia de los atentados criminales.
Estadísticas fatales: Un registro de impunidad y muertes
La magnitud de la tragedia se refleja en las cifras oficiales del organismo: al menos 70 activistas han sido asesinados entre 2020 y 2026. Este dato sitúa a la nación entre las más peligrosas a nivel mundial para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
La gran mayoría de estos crímenes se ejecutan mediante el uso de armamento de fuego, el cual es utilizado en casi ocho de cada diez homicidios. El narcotráfico y la corrupción estructural son señalados como los principales catalizadores de esta realidad violenta.
“Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos… el 76% de los homicidios se cometen con este tipo de armas”, puntualiza el informe de la relatoría.
Aunque se mantiene vigente un estado de excepción para reducir la criminalidad, la ONU cuestiona sus efectos secundarios. Informes recientes sugieren que esta medida ha facilitado casos de tortura y abusos de autoridad, sin lograr detener el asedio contra grupos indígenas.
La crisis de inseguridad permanece profundamente enraizada debido a la debilidad del sistema de justicia. Mientras no se brinden garantías reales a los periodistas y líderes sociales, el país seguirá figurando en las alertas internacionales por violaciones a las libertades fundamentales.
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