Durante ocho años, Honduras asumió compromisos formales para combatir la corrupción, pero los resultados fueron mínimos. Un monitoreo ciudadano revela que solo tres de 39 promesas se cumplieron.
La corrupción no se detuvo por falta de promesas, sino por ausencia de cumplimiento. Entre 2012 y 2020, Honduras se comprometió formalmente a implementar 39 acciones anticorrupción en el marco de los Planes de Acción de Gobierno Abierto (PAGA).
Ocho años después, el balance es contundente: solo tres compromisos se completaron. El dato, expuesto en un ejercicio de monitoreo ciudadano, refleja una realidad que va más allá de cifras técnicas.
Habla de una lucha anticorrupción que avanzó de forma desigual, retrocedió en momentos clave y nunca logró consolidarse como una política de Estado.
Corrupción bajo evaluación: lo que dejaron los PAGA
El análisis fue presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que evaluó cuatro ciclos consecutivos de Gobierno Abierto.
El resultado muestra que la mayoría de los compromisos anticorrupción permanece inconclusa o con avances parciales, una señal clara de las dificultades institucionales para pasar del discurso a la ejecución.
Según el monitoreo, la brecha entre lo asumido y lo implementado evidencia la falta de mecanismos efectivos que garanticen que los compromisos contra la corrupción no queden solo en documentos oficiales.
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Avances aislados en transparencia
El estudio reconoce que hubo iniciativas que sí mostraron resultados. Los portales municipales de acceso a la información y el uso del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO) permitieron, en su momento, ampliar el acceso a datos públicos y fortalecer la transparencia.
Sin embargo, estos avances no se sostuvieron en el tiempo. La suspensión del Portal Único de Transparencia durante 2023 y 2024, junto con los recortes presupuestarios al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), evidenciaron una estructura institucional vulnerable.
Esto, frente a los vaivenes políticos y a una corrupción que encontró terreno fértil para persistir.
El debilitamiento institucional
El monitoreo se da en un contexto donde diversos indicadores internacionales advierten un deterioro en la integridad pública y la gobernanza del país.
Estas mediciones coinciden en señalar debilidades persistentes en el control de la corrupción, la independencia institucional y los contrapesos democráticos.
Más allá de los números, el mensaje es claro: sin instituciones sólidas, autonomía real y recursos suficientes, cualquier estrategia anticorrupción corre el riesgo de diluirse con el paso del tiempo.
El papel ciudadano en la lucha anticorrupción
Los resultados fueron compartidos en el webinar “Resultados del seguimiento a los compromisos anticorrupción de los Planes de Acción de Gobierno Abierto”, con la participación de especialistas de organizaciones regionales.
Entre ellos: Fundación Poder Ciudadano de Argentina, Transparencia Internacional Brasil, Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador y ASJ Honduras.
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Desde distintas experiencias, los expertos coincidieron en la importancia del monitoreo ciudadano.
Esto como una herramienta clave para exigir cumplimiento y evitar que los compromisos anticorrupción se conviertan en simples declaraciones sin impacto real.
ASJ subrayó que fortalecer los mecanismos de implementación, asegurar continuidad en las políticas públicas y habilitar espacios de participación ciudadana efectiva son pasos indispensables para enfrentar la corrupción de manera estructural.
La historia de los PAGA deja una lección incómoda: la corrupción en Honduras no se frenó porque los compromisos se quedaron a medio camino.
Ocho años después, el reto no es anunciar nuevas promesas, sino cumplir las que ya se hicieron.
Sin continuidad, sin instituciones fortalecidas y sin presión ciudadana constante, la transparencia seguirá siendo una aspiración y no una realidad palpable.