El fallo impone prisión, arresto domiciliario y posible deportación, mientras una nueva orden judicial autoriza la entrega inmediata de su documento.
La caída de Juan Ramón Molina Rodríguez quedó sellada en una corte federal de Miami. No hubo juicio largo ni alegatos dramáticos, Molina admitió su culpa, se le dictó una condena y así se dibuja un expediente judicial que muestra el recorrido de un hombre sentenciado por conspirar para cometer lavado de dinero en Estados Unidos.
El 4 de diciembre de 2025, la jueza federal Melissa Damián condenó a Molina Rodríguez a 30 meses de prisión.
Pero el 10 de marzo de 2026, tres meses después de la sentencia, otro documento abrió una nueva escena: la justicia estadounidense ordenó devolverle su pasaporte.
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Juan Ramón Molina: condena dividida entre prisión y arresto domiciliario
La sentencia de Juan Ramón Molina, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, no lo envió únicamente a una cárcel federal.
El tribunal estructuró una pena mixta: 13 meses bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones y 17 meses restantes bajo arresto domiciliario como condición especial de libertad supervisada.
El expediente también estableció que Molina Rodríguez debía presentarse ante las autoridades estadounidenses antes del mediodía del 2 de febrero de 2026 para iniciar el cumplimiento de la condena.
La corte ordenó además estrictas condiciones de supervisión, entre ellas, no cometer nuevos delitos.
Además, someterse a pruebas antidrogas, mantener empleo legal y evitar vínculos con personas involucradas en actividades criminales.
Pero el peso mayor de la sentencia aparece en otro apartado: inmigración.
La sombra de la deportación
El documento judicial deja claro que, una vez concluida la condena, Molina Rodríguez será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para iniciar procedimientos de deportación.
La orden también advierte que, si es expulsado del país, no podrá regresar a territorio estadounidense sin autorización previa.
En los tribunales federales de Estados Unidos, este tipo de disposiciones suelen convertirse en el último golpe judicial para acusados extranjeros condenados por delitos financieros o vinculados al crimen organizado.
No solo enfrentan cárcel. También quedan marcados por restricciones migratorias que pueden perseguirlos durante años.
El giro inesperado: la devolución del pasaporte
El 19 de marzo de 2026, la misma jueza firmó una orden concediendo una moción no opuesta para devolver el pasaporte de Molina Rodríguez.
La resolución instruye a la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos entregar el documento de manera inmediata a sus abogadas defensoras, Silvia B. Piñera-Vázquez o Linda Osberg-Braun.
El expediente no detalla públicamente las razones detrás de la solicitud, pero sí deja constancia de un elemento clave: la Fiscalía no presentó oposición.
En tribunales federales estadounidenses, la ausencia de objeción del gobierno suele indicar que la devolución del documento no representa, en ese momento procesal, un riesgo de fuga o incumplimiento bajo las condiciones ya impuestas por la corte.
Un expediente que todavía no se cierra
Aunque la devolución del pasaporte puede interpretarse como un alivio parcial para Molina Rodríguez, el expediente sigue abierto sobre varios frentes.
La sentencia mantiene vigente el decomiso de bienes relacionado con el acuerdo de culpabilidad, mientras el gobierno estadounidense continúa los procedimientos formales vinculados al caso.
Además, la condena federal permanece intacta y treinta meses pesan más que un documento devuelto.
Porque detrás del pasaporte entregado nuevamente a la defensa permanece una declaración de culpabilidad por lavado de dinero.
Aunque la jueza federal impuso una condena de 30 meses, el caso arrastra tiempos procesales.
Estos inician desde 2024, cuando Molina Rodríguez comenzó a comparecer ante la corte estadounidense.
En el sistema federal, esos períodos pueden contabilizarse dentro del cumplimiento total de la sentencia.
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