La iniciativa del diputado busca facilitar la salida de menores ante la ausencia de un padre, pero juristas advierten que el debate debería centrarse en reformar la normativa vigente.
Hay decisiones que no esperan. Un pasaporte, una beca, un viaje por seguridad o reunificación familiar. Pero en Honduras, muchas de esas decisiones se frenan en un punto: la firma de un padre que no está. Desde esa realidad parte la propuesta del diputado Jhosy Toscano, quien impulsa una ley que permitiría a madres o padres responsables sacar a sus hijos del país sin la autorización de un progenitor ausente.
No habla desde la teoría. Dice que lo vio en el ejercicio de su profesión, cuando trabajó con organismos vinculados al derecho migrante. Ahí entendió, según relata a tunota.com, que la ausencia de un padre no solo es emocional, también es burocrática.
“Cualquier documento que tenga la firma del padre se convierte prácticamente en una tortura”, afirma, al describir los obstáculos que enfrentan madres, abuelas y hasta padres solteros que no logran obtener ese permiso.
El problema se agrava en contextos más extremos. Toscano menciona casos de extorsión y familias que consiguen asilo en otros países, pero no pueden salir con sus hijos porque el otro progenitor no aparece.
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Jhosy Toscano y la propuesta que apunta a agilizar procesos
El corazón de la iniciativa no es eliminar controles, sino cambiarlos. Hoy, para que un menor salga del país, basta con una autorización notarial autenticada.
Pero Toscano cuestiona ese mecanismo: sostiene que no existe un control real sobre la autenticidad de esas firmas.
Por eso plantea trasladar la decisión al ámbito judicial. Que sea un juez quien revise el caso, evalúe la ausencia del padre y autorice la salida del menor mediante resolución.
“Esa nota no tiene ningún control… el juzgado va a tener un expediente que respalde a la madre, al padre responsable y a la autoridad migratoria”, explica.
La propuesta también incluye que cada caso quede documentado y accesible para el Instituto Nacional de Migración y consulados, incluso para hondureños en el extranjero que enfrentan dificultades para regularizar la situación de sus hijos.
Salida de menores en Honduras: ¿nueva ley o reforma?
Pero mientras el diputado Jhosy Toscano plantea una nueva ley, desde el ámbito jurídico la lectura es distinta.
La abogada Francia Gómez sostiene que el procedimiento ya existe. Que actualmente es posible acudir al juzgado de la niñez para obtener una autorización cuando uno de los padres no está.
“Ese procedimiento ya se ha venido haciendo desde siempre”, afirma, al tiempo que cuestiona la viabilidad de agilizarlo en plazos reducidos.
Ahí surge una de las principales alertas: la verificación. “¿Qué va a pasar si alguien dice que no puede localizar al padre, pero en realidad sí puede? ¿Cómo se va a acreditar eso?”, se pregunta.
La preocupación no es menor. Porque si el proceso se acelera sin controles suficientes, el riesgo no es administrativo, es humano.
El límite: proteger al menor sin abrir riesgos
Desde la fiscalía de la niñez, la postura se mueve en la misma línea: el Código de la Niñez y la Adolescencia ya contempla estos escenarios.
Selene Hernández, fiscal de la niñez en San Pedro Sula, recuerda que cuando uno de los padres se niega o no está, el juez puede intervenir y autorizar la salida.
El artículo 102-A regula precisamente esos casos. Por eso, más que una nueva ley, lo que podría discutirse, según señala, es una reforma o ampliación que fortalezca lo ya existente.
Pero siempre bajo un principio: el interés superior del niño. “Las decisiones deben tomarse pensando qué es lo que más le conviene al niño”, advierte.
Y ahí vuelve la tensión central del debate. Porque si bien la propuesta busca resolver un problema real, la paternidad ausente, también abre preguntas sobre los controles necesarios para evitar abusos.
Entre la urgencia y la cautela
El tema no es menor ni aislado. Detrás de la discusión hay historias concretas: madres que crían solas, niños que no pueden viajar, familias que esperan oportunidades fuera del país.
Pero también hay una advertencia que se repite entre juristas: los procesos que involucran a menores no pueden resolverse solo con rapidez.
“En 72 horas no vamos a corroborar hechos de si el padre o la madre no está”, señalan abogados consultados.
Y esa frase resume el dilema. La propuesta de Toscano no surge en el vacío. Responde a una realidad que pesa y que frena derechos.
Pero en el otro lado del debate, las expertas ponen una línea clara: no todo lo urgente puede resolverse sin garantías.
Entre facilitar la vida de quienes sí cumplen y evitar que se vulneren derechos en nombre de la rapidez, el país se enfrenta a una decisión delicada.
Porque cuando se trata de niños, no basta con abrir caminos: hay que asegurarse de que no conduzcan a riesgos invisibles.
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