El ministro de Seguridad plantea anticiparse a estructuras criminales y frenar amenazas que afectan la actividad productiva.
La extorsión dejó de ser un delito aislado y se convirtió en una presión constante sobre quienes sostienen la economía. Bajo ese escenario, la Secretaría de Seguridad movió ficha: sentarse con la empresa privada no como gesto político, sino como un intento de ajustar una estrategia que, hasta ahora, no logra contener del todo el golpe del crimen organizado.
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, llegó a la mesa con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con un mensaje claro: la lucha contra la extorsión y la seguridad jurídica no pueden seguir caminando por carriles separados. Ambas definen, en la práctica, si una empresa se instala, crece o se retira del país.
“Esta entrevista que hemos tenido con la junta directiva del Cohep nos ha permitido ajustar algunos puntos tanto de nuestra agenda como de sus necesidades de seguridad”, afirmó Velásquez.
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Seguridad y la presión que asfixia la producción
La conversación no se quedó en lo abstracto. Sobre la mesa se colocaron los temas que hoy golpean directamente la actividad productiva: la extorsión como mecanismo de financiamiento criminal, la inseguridad jurídica y las invasiones de tierra que se han intensificado en los últimos años.
Velásquez dijo que, las tomas de carreteras y las ocupaciones ilegales no solo generan conflicto, también frenan la operación de las unidades productivas.
“Cada bloqueo implica pérdidas, retrasos y, en muchos casos, decisiones de repliegue empresarial”, señaló.
El trasfondo es más profundo. No se trata solo de delitos, sino de un entorno donde las reglas pierden claridad y el riesgo se vuelve parte del negocio.
Ahí es donde la seguridad jurídica entra como una demanda urgente del sector privado.
Crimen en mutación constante
El funcionario también dibujó el otro lado del problema: las estructuras criminales no son estáticas.
Cambian, se reorganizan y buscan nuevas formas de operar. “Algunas son neutralizadas, surgen otras”, explicó, dejando claro que la lucha contra el crimen no es lineal ni definitiva.
En ese terreno, la apuesta oficial se centra en inteligencia. Identificar qué estructuras generan mayor impacto y adelantarse a sus movimientos se vuelve clave para intentar contenerlas antes de que expandan su control.
La estrategia, según Velásquez, no se limita a reaccionar. Busca anticiparse, ajustar operativos y dirigir los recursos hacia los focos más activos del crimen organizado.
Un intento por recuperar control
El encuentro con el Cohep deja entrever una preocupación compartida: sin condiciones de seguridad, la actividad económica se vuelve frágil. Y sin inversión, el país pierde uno de sus motores más urgentes: el empleo.
Seguridad plantea un plan integral que apunta a neutralizar estructuras criminales, frenar la extorsión y devolver certezas a quienes producen.
El desafío no es menor. Implica sostener una estrategia en un entorno donde el crimen se adapta más rápido que las respuestas institucionales.
Mientras la extorsión siga dictando condiciones y la ley no logre imponerse, invertir en Honduras no será una apuesta de crecimiento, sino un riesgo que pocos estarán dispuestos a asumir.
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