La extorsión operada desde las cárceles hondureñas encontró socios, cuentas y armas afuera. Hoy, esa red comienza a desmoronarse.
Por meses, transportistas y pequeños emprendedores de siete departamentos vivieron bajo la misma sombra: la extorsión que se fraguaba desde distintas cárceles del país.
Las amenazas llegaron por mensajes anónimos, voces distorsionadas o motociclistas armados que confirmaron que no era una advertencia cualquiera. Era una estructura. Un sistema completo. Un negocio criminal.
Esa maquinaria ahora se resquebraja. Las autoridades lograron desarticular una red que operó como si la prisión fuera solo una oficina más.
Eran teléfonos clandestinos, cuentas manejadas por terceros y sicarios listos para atacar cuando alguien se atrevía a decir “no”.
Extorsión coordinada: el poder criminal que nació en las cárceles
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), junto con unidades de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario, documentó cómo más de 20 privados de libertad actuaron como cabecillas de un engranaje que funcionó sin interrupciones.
Desde celdas convertidas en centros de mando dirigían todo: cobros, intimidaciones, atentados selectivos y rutas de recaudo.
Las víctimas se repetían en un patrón predecible: transportistas y pequeños negocios en Colón, Atlántida, Cortés, Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca y Valle.
Cada uno recibía instrucciones precisas. Cada uno sabía que, si no pagaba, el siguiente mensaje no sería una amenaza, sino un ataque.
Aunque los líderes estaban tras las rejas, la estructura en libertad aseguró que el dinero circulara sin tropiezos.
Había recolectores, motociclistas armados, informantes infiltrados en barrios y hasta ejecutores disponibles para atentar contra quienes se resistieran.
De interés: Extorsión navideña: Rutas bajo amenaza ante ‘aguinaldo criminal’
Cómo funcionó la red financiera
El oficial David Ortega, director de la Dipampco, detalla que los colaboradores externos eran la clave del modelo financiero.
“Identificamos individuos que abrían cuentas bancarias, creaban billeteras electrónicas y registraban líneas telefónicas para facilitar los cobros extorsivos y la comunicación con los cabecillas”, explicó.
Las cuentas se usaron para recibir depósitos de las víctimas, camuflar el flujo del dinero y evitar la trazabilidad.
Las líneas telefónicas se entregaron dentro de las cárceles para coordinar amenazas, negociar montos y ordenar atentados.
Esa combinación, dinero circulando afuera y órdenes circulando adentro, permitió que la extorsión creciera aun cuando los líderes no salían ni un metro de su celda.
Los sicarios de la red: el brazo armado de la intimidación
La misma investigación reveló la existencia de ejecutores encargados de materializar las amenazas.
Transportistas atacados, pequeños negocios tiroteados y líderes comunitarios perseguidos forman parte del registro criminal atribuido a la red.
En los últimos días, varios de estos operadores externos fueron capturados y remitidos ante los tribunales por delitos de extorsión, asociación ilícita y tentativa de homicidio.
“Capturar a los operadores externos es esencial para cortar los vínculos que permiten a los cabecillas seguir delinquiendo desde prisión”, insistió Ortega.
Lea también: Extorsión y trámites, la pinza que asfixia a las Mipymes en Honduras
Operativos claves: capturas en Tegucigalpa que destaparon el entramado
Entre los movimientos recientes destacan detenciones en el bulevar del norte de Tegucigalpa, donde cayó una pareja vinculada a la estructura criminal M1.
Ese mismo día, en Santa Ana, arrestaron a dos integrantes de la banda Los Illuminati. Ambos grupos, según la investigación, eran parte del sistema de extorsión que operó desde varios centros penales.
Los privados de libertad identificados como cabecillas los trasladaron a módulos de máxima seguridad para cortar la cadena de mando, mientras las autoridades aplican restricciones de comunicación, visitas y aislamiento disciplinario.
El Ministerio Público prepara nuevas causas por delitos cometidos desde prisión.
Desmantelar esta red demuestra que la prisión ya no es garantía de freno para la criminalidad.
El desafío es que este golpe no sea un final provisional, sino el principio de un país donde la extorsión deje de ser parte del día a día de quienes solo quieren trabajar y vivir sin miedo.