La orden de auto formal procesamiento marca el punto de partida para una nueva etapa en el proceso.
Un caso que parecía enterrado vuelve a respirar en los tribunales y es la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán la que decidió, sin fisuras, desmontar el sobreseimiento definitivo que favorecía al ingeniero Dennis Rolando Velásquez Arriaga, exjefe de Catastro del Instituto Nacional Agrario (INA).
La resolución no deja lugar a ambigüedades e indica que el proceso se reactiva y el expediente regresa al centro del debate judicial.
La Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural empujó la apelación dejando claro que existen indicios que no podían quedar fuera del análisis penal.
Los magistrados coincidieron y ordenaron dictar auto de formal procesamiento contra el exfuncionario, acusado de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
De interés: Tierras en silencio: cómo el narco avanza sobre el corazón de Honduras
El INA y una tierra que no debía titularse
Detrás de la decisión judicial hay una extensión de aproximadamente 64.737 manzanas de tierra ubicada en Tela, Atlántida, un territorio que, según la investigación fiscal, pertenece a la comunidad garífuna de Tornabé.
La zona no solo tiene un valor cultural, también forma parte del Parque Nacional Jeannette Kawas.
Esta es un área protegida donde hoy se reporta la siembra de palma africana y que los pobladores piden proteger.
La Fiscalía detalla que el proceso de titulación avanzó sin cumplir verificaciones técnicas clave y con documentos que presentan inconsistencias.
Esas omisiones, sostiene el Ministerio Público, abrieron la puerta a una adjudicación que ahora se encuentra bajo escrutinio judicial.
Un sobreseimiento que no se sostuvo
La Corte de Apelaciones fue directo al revisar la decisión de primera instancia y determinó que el sobreseimiento definitivo carecía de sustento.
Con ese fallo, la figura del exjefe de Catastro del INA vuelve al escenario judicial, como un expediente que exige respuestas.
La orden de auto formal procesamiento marca el punto de partida para una nueva etapa en el proceso.
Aquí deberán discutirse pruebas, responsabilidades y decisiones tomadas sobre tierras con protección legal.
Más allá del expediente
En un mismo terreno se cruzan derechos territoriales de una comunidad garífuna con las decisiones administrativas del Estado.
También muestra el uso de una zona protegida que debería resguardarse. La resolución de la Corte no dicta culpabilidad, pero sí rompe la inercia de un cierre anticipado.
Ahora, el proceso se retoma y se pondrá a prueba si la justicia puede corregir sus propios silencios cuando la evidencia insiste en volver.
Lea también: /Territorios misquitos: tierras tituladas, tierras invadidas por el narco