La exjueza Karla Romero explicó si, al derogarse artículos del decreto de amnistía política, se revocarían o no algunas cartas de libertad extendidas.
La discusión sobre los alcances del decreto de amnistía política 04-2022 volvió al centro del debate en el Congreso Nacional de Honduras, luego de que se presentara una iniciativa para derogar varios de sus artículos y revisar los efectos jurídicos ya otorgados.
Entre los beneficiados por el decreto de amnistía figuran: José Antonio Torres Meza; Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia; César Arnulfo Salgado, extitular del FHIS; Germán Enrique Ayala; Rafael Barahona, exgerente administrativo de Relaciones Exteriores; Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula; y Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, entre otros.
Sin embargo, según explicó la abogada y exjueza Karla Romero, las personas que ya recibieron cartas de libertad no podrían perder ese beneficio, aun si se aprueba la nueva propuesta.
“No es posible revocar cartas de libertad”
No obstante, Romero advirtió que ya existe un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley o decreto de amnistía política conocido como Pacto de impunidad del 4 de febrero de 2022.
“Todo lo establecido antes no puede volver a revisarse, porque ya hizo su efecto”, afirmó.
Además, recalcó que la inconstitucionalidad “tiene efectos hacia adelante, para los siguientes recursos conocidos” a futuro.
En ese sentido, fue enfática: “Para quienes ya tienen su carta de libertad, no es posible que, a través de la legislación, se ordenen estas cosas”.
También subrayó que el Poder Legislativo no puede intervenir en funciones judiciales ni ordenar a jueces la revisión de casos ya resueltos.
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“No es posible que se les haga un doble juzgamiento”, agregó.
Asimismo, al ser consultada sobre si, aun aprobándose la reforma y publicándose en el diario oficial La Gaceta, podrían revocarse las libertades concedidas, respondió que no.
“La retroactividad, excepto en materia penal, aplica a favor del procesado, no a favor del Estado”, explicó, al insistir en que cualquier cambio solo podría aplicarse a casos futuros.
Debate sobre legalidad y alcance
Por otra parte, Romero recordó que ella misma presentó cuatro recursos de inconstitucionalidad contra la normativa original del decreto de amnistía política 04-2022, al considerar que confundía la figura de la amnistía con la del indulto.
“La amnistía cabe exclusivamente cuando se acusa a una persona por su condición o ideología política”, precisó.
A su juicio, si el Congreso aprueba la nueva iniciativa en los términos actuales, podría enfrentar nuevos recursos ante la Corte Suprema.
“No puede tocar ciertas cosas que ya constituyeron un pronunciamiento de la máxima autoridad”, advirtió.
Mientras tanto, el debate continúa en el Congreso, donde la comisión deberá dictaminar la propuesta que busca limitar los efectos de una amnistía que, tres años después de su aprobación, sigue generando controversia política y jurídica en Honduras.
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Propuesta para anular efectos de la amnistía
La vicepresidenta del Poder Legislativo, Lissi Matute Cano, presentó una iniciativa que busca derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto de amnistía política 04-2022.
Esta propuesta plantea que los tribunales revisen de oficio los procesos amnistiados, que se anulen las cartas de libertad otorgadas y que se reactiven los expedientes archivados en el Ministerio Público y en los juzgados.
En la exposición de motivos, Matute Cano sostiene que la amnistía tuvo un carácter “amplio e incondicional” y que su aplicación se extendió más allá de delitos políticos y conexos, lo que —según argumenta— representó un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Según lo informado por el Congreso Nacional, el proyecto fue turnado a comisión de dictamen, informó el presidente de ese poder del Estado, Tomás Zambrano.
¿Qué es el decreto de amnistía política 04-2022?
El decreto 04-2022 es la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, aprobada por el Congreso 2022-2026, que otorgó amnistía a personas consideradas presos políticos y a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).
La normativa suspendió acciones penales vinculadas a delitos políticos y conexos, lo que permitió la emisión de cartas de libertad y el archivo de procesos judiciales en varios casos.
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