Abogados y autoridades recomiendan evaluar opciones legales caso por caso ante la cancelación del TPS.
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Honduras volvió a entrar en vigor el 9 de febrero, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendiera una orden judicial que había bloqueado su terminación.
La decisión deja sin protección migratoria inmediata a miles de hondureños que residían legalmente en Estados Unidos bajo este programa.
La información fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Con la resolución, el litigio legal continúa, pero sin que el TPS siga vigente para Honduras, Nicaragua y Nepal, países incluidos en la misma determinación.
El TPS permitía a sus beneficiarios trabajar legalmente, contar con un número de Seguro Social y estar protegidos frente a órdenes de deportación mientras el estatus estuviera activo.
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¿Qué hacer tras la cancelación del TPS?
Especialistas en migración recomiendan, como primer paso, buscar asesoría legal con abogados especializados en derecho migratorio o acudir a organizaciones sin fines de lucro que brindan orientación a bajo costo.
La abogada, Marcela Caro, explicó en TN5 que cada caso debe analizarse de forma individual, ya que las opciones varían según el historial migratorio de cada persona.
Las personas en mayor riesgo son aquellas que ya tenían una orden de deportación antes de haber sido amparadas por el TPS. En estos casos, no existe el derecho automático a comparecer ante un juez migratorio ni a solicitar fianza.
Con la cancelación del TPS, los beneficiarios pierden automáticamente el permiso de trabajo, no pueden renovar licencias de conducir y quedan sin acceso a ciertos seguros médicos vinculados a su estatus migratorio.
Las autoridades también recomiendan acudir a los consulados hondureños para informarse sobre los pasos a seguir y recibir orientación institucional.
Opciones legales disponibles
Pese al escenario adverso, existen opciones legales para algunos hondureños. Son potencialmente elegibles para solicitar la residencia permanente quienes ingresaron a Estados Unidos con un permiso de viaje conocido como advance parole, quienes tienen hijos ciudadanos estadounidenses de 21 años o más, o quienes están casados con un ciudadano estadounidense.
Asimismo, las personas que nunca han estado en una corte de inmigración pueden presentar una solicitud de asilo afirmativo, siempre que cumplan con los requisitos legales.
Existen casos de hondureños con más de dos décadas de residencia en Estados Unidos y con vínculos familiares sólidos en ese país, quienes podrían iniciar procesos migratorios como alternativa ante la falta de una extensión del TPS.
Contexto legal y postura de Honduras
El conflicto legal se remonta al 31 de diciembre de 2025, cuando la jueza federal Trina Thompson, en California, determinó que la cancelación del TPS impulsada durante la administración de Donald Trump violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al carecer de justificación legal suficiente. Ese fallo protegía temporalmente a más de 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
Sin embargo, la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto esa protección. La Cancillería de Honduras aseguró que la resolución “no constituye una sentencia definitiva” y que se trata de “una instancia procesal más” dentro de un litigio que podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó que la administración estadounidense mantenga la cancelación del TPS, pero reiteró que aún existen vías legales y diplomáticas, incluida la posibilidad de negociaciones directas entre gobiernos, para reabrir o establecer un nuevo esquema de protección temporal.
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