La agencia S&P Global Ratings confirma calificación BB- con perspectiva estable; gobierno apunta a consolidación fiscal y atraer inversión extranjera.
La agencia S&P Global Ratings revisó la perspectiva crediticia de Honduras de negativa a estable y confirmó sus calificaciones soberanas en ‘BB-/B’, en una señal de mayor confianza en el rumbo económico del país tras la reducción de la incertidumbre política y el cambio de políticas públicas.
El ajuste responde, principalmente, a la estabilización del escenario político tras las elecciones de 2025 y a un giro en la estrategia del nuevo gobierno, centrado en la consolidación fiscal, el fortalecimiento institucional y una relación más estrecha con el sector privado y la comunidad internacional.
En este contexto, la decisión de Honduras de reincorporarse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es vista como un paso clave para mejorar la seguridad jurídica y reducir riesgos asociados a litigios internacionales.
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S&P subraya que el país mantiene fundamentos fiscales relativamente sólidos, pese al deterioro registrado durante la transición política.
En esa línea, la calificadora señala: “Prevemos que el nuevo gobierno mantendrá su compromiso con la consolidación fiscal, tras el marcado deterioro de las cuentas públicas durante la última transición política”.
Gobierno reitera que trabaja en un presupuesto austero
Como parte de este esfuerzo, fuentes ligadas al Gobierno reiteraron que trabajan en un presupuesto más austero para este 2026. El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, detalló que el proyecto ya está completamente elaborado y contempla una reducción respecto al anterior.
“Se había identificado un monto cercano a los 445 mil millones de lempiras, significativamente menor frente a los 469 mil millones del gobierno saliente, aunque aún podría ajustarse más”, explicó.
En el frente externo, el informe de S&P Global Ratings destaca el respaldo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 830 millones de dólares, con desembolsos pendientes cercanos a 240 millones, así como el fortalecimiento de las reservas internacionales, que pasaron de 6,400 millones de dólares en 2024 a casi 11,000 millones en marzo de 2026.
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No obstante, señaló que persisten desafíos estructurales. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (a ENEE) continúa generando presiones fiscales, con pérdidas estimadas entre el 1.1% y 1.2% del PIB y fallas operativas que elevan los costos y limitan la inversión. Resolver esta situación será clave para mejorar la competitividad del país.
En materia monetaria, S&P señala una política más restrictiva del Banco Central de Honduras, que durante el gobierno anterior elevó la tasa de referencia de 3% a 5.75% y autorizó un mayor deslizamiento de la moneda, buscando contener la inflación dentro del rango meta (4% ±1%)., como parte de compromisos con el FMI.
Además, se ha permitido una mayor flexibilidad cambiaria y se ha fortalecido el sistema de subastas de divisas, lo que ha mejorado la disponibilidad de dólares en la economía.
Previsión económica de Honduras
A nivel macroeconómico, la calificadora prevé que el crecimiento del PIB se desacelere a alrededor del 3% en los próximos años (2026-2029), debido a una disminución de las remesas —que representan cerca del 30% del PIB—, el encarecimiento de la energía y condiciones financieras internacionales más restrictivas.
Asimismo, Honduras enfrentará compromisos importantes, como el vencimiento de 700 millones de dólares en deuda externa en 2027, lo que podría llevar al país a buscar financiamiento en los mercados internacionales si las condiciones lo permiten.
Apertura de oportunidades tras calificación de S&P Global Ratings
Para el gobierno, la mejora en la perspectiva abre oportunidades. El titular de Finanzas Emilio Hernández Hércules subrayó que la calificación BB- con perspectiva estable permite acceder a mejores condiciones de financiamiento y envía una señal positiva a los inversionistas.
Sin embargo, coincidió en que el reto es avanzar hacia una mejor calificación, lo que requerirá disciplina fiscal, continuidad en las reformas y mayor articulación con el sector privado.
S&P concluye que una eventual mejora en la nota soberana dependerá de la implementación efectiva de reformas estructurales, el fortalecimiento del estado de derecho y avances en sectores clave como el energético. Un deterioro de las condiciones externas o un freno en la inversión podría volver a presionar la calificación en el corto plazo.
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