El congresista plantea exonerar temporalmente al IHSS de límites fiscales para acelerar compras de insumos y contratar personal, bajo veeduría externa.
Ante la crisis que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), su director Víctor Martínez, director confirmó que desde 2024 la institución no ha realizado procesos de compra de material médico-quirúrgico. Esta situación ha provocado escasez de insumos y la suspensión de cirugías selectivas en varios centros asistenciales.
Frente a este escenario, el diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, propuso impulsar un decreto de emergencia desde el Congreso Nacional para que el IHSS pueda superar el desabastecimiento y agilizar los procesos de contratación, actualmente condicionados por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Contratación del Estado.
La iniciativa surge tras las declaraciones de Martínez, quien confirmó en Noticieros Hoy Mismo de Tsi que desde 2024 no se realizan procesos de compra de material médico quirúrgico, lo que ha provocado escasez de insumos y la suspensión de cirugías electivas por al menos 25 días.
“Es necesario que le ayudemos a la institución para que a través de este decreto pueda obviar algunos procesos, no la transparencia, porque habría que hacerlo estilo Secretaría de Salud”, afirmó Umaña.
El legislador explicó que la propuesta permitiría acelerar licitaciones y atender la crisis de medicamentos e insumos, manteniendo mecanismos de veeduría externa.
Martínez, quien asumió el cargo el 9 de febrero, calificó la situación como una “crisis”, particularmente en el régimen de enfermedad y maternidad. Aunque aseguró que el problema no es falta de fondos pues existen más de 5,000 millones de lempiras en reservas, señaló que los techos presupuestarios impuestos por la disciplina fiscal impiden ejecutar esos recursos.
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Exoneraciones temporales y supervisión externa
Umaña detalló que el decreto buscaría exonerar parcialmente al IHSS de los límites presupuestarios para permitir la contratación de médicos especialistas y reducir la mora quirúrgica.
“El Seguro Social está muy amarrado con la ley de contratación del Estado vigente y además con la ley de responsabilidad fiscal que le impide, aunque tenga un superávit, salirse de su presupuesto”, sostuvo.
El diputado indicó que el Congreso podría autorizar recursos en dos rubros prioritarios: la compra urgente de medicamentos e insumos y la reglamentación de los denominados “fondos intocables”, que ascienden a entre 4,500 y 5,000 millones de lempiras. También mencionó una deuda histórica del Estado superior a 3,000 millones de lempiras.
Aunque reconoció que no es partidario de compras directas, aseguró que podrían realizarse bajo supervisión de entidades como el Colegio Médico, la Junta Directiva del IHSS, iglesias y organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). “Bien supervisadas por mecanismos de veeduría externa, pueden hacerse las cosas correctas”, afirmó.
Crisis operativa y suspensión de cirugías
La crisis impacta directamente a los derechohabientes. En el Hospital de Especialidades del barrio La Granja, familiares de pacientes han recibido listados de insumos que deben adquirir por su cuenta para procedimientos como cesáreas, bajo la advertencia de que la institución no cuenta con materiales.
Ante esta situación, el IHSS informó que los afiliados que compren insumos o medicamentos pueden solicitar reembolso ante la Secretaría General, un mecanismo que, según Martínez, “siempre ha existido”.
El instituto impulsa actualmente la licitación CD032025 para la adquisición de insumos esenciales. Además, Martínez reiteró la necesidad de reformar la Ley de Contratación del Estado para diferenciar las compras en salud de otros bienes. “No es lo mismo comprar llantas que medicamentos”, enfatizó.
Umaña señaló que el decreto de emergencia dependerá de una solicitud formal de la Junta Directiva del IHSS al Congreso Nacional. “Si nos lo solicitan, construiríamos ese proyecto de ley entre ambas instituciones”, indicó.
Mientras se define esa ruta, miles de afiliados continúan afectados por retrasos y gastos adicionales en un sistema que, según sus autoridades, ha “tocado fondo”.
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