La PGR confirmó investigaciones contra cuatro bufetes por embargos ilegales y exhortos falsos que habrían provocado millonarias pérdidas al Estado.
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este miércoles en Frente a Frente, que al menos cuatro bufetes de abogados han sido identificados en investigaciones por presuntos fraudes millonarios contra el Estado, mediante embargos ilegales, exhortos falsificados y la instrumentalización del sistema judicial.
El procurador general, Dagoberto Aspra, aseguró en Frente a Frente, de canal 5, que el Ministerio Público ya maneja líneas de investigación avanzadas. Aunque evitó calificarlos directamente como mafias, reconoció la gravedad de los hechos.
“No quiero calificarlos de mafias ni de estructuras criminales, pero será el Ministerio Público el que tendrá que determinar qué tipo de acciones han cometido, porque sí hay investigaciones”, afirmó.
Aspra reveló que fiscales detectaron incluso exhortos falsos enviados a la Tesorería General de la República para ejecutar embargos sin que existieran demandas judiciales.
“Ni siquiera había una demanda, falsificaron el exhorto, el documento con el que embargaron las cuentas del Estado. Miren la gravedad de las cosas”, subrayó Aspra.
Las jurisdicciones identificadas como de mayor riesgo son Choluteca, La Ceiba y Juticalpa, donde, según el procurador, se repite un patrón de demandas que evidencia “dolo, manipulación e instrumentalización de la justicia a favor de terceros”.
Además, confirmó que cuatro agentes de la PGR fueron remitidos al Ministerio Público por omisión y negligencia en la defensa del Estado.
“Esto daña gravemente al gremio”: Gustavo Solorzano, presidente CAH
Por su lado, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, calificó la denuncia como “muy seria” y respaldó la necesidad de una investigación profunda.
“Al final es una denuncia muy seria. Tenemos conocimiento y también le expresé nuestra disponibilidad al Procurador General”, señaló.
Solórzano reconoció que existe una minoría de abogados que ha incurrido en prácticas irregulares, muchas veces en colusión con funcionarios públicos.
“Así como se habló de cuatro bufetes, eso es una minoría. Son pequeños grupos que lamentablemente se han coludido, y aquí hay que decirlo con claridad, también con funcionarios”, afirmó.
El titular del gremio explicó que una de las prácticas más preocupantes detectadas es la homologación de acuerdos previos al cierre del gobierno anterior.
“Llegaron a los juzgados con acuerdos de conciliación donde se ponían de acuerdo y se homologaron reajustes salariales incluso por periodos prescritos de cuatro o cinco años. Eso hay que investigarlo debidamente”, advirtió.
Asimismo, cuestionó los acuerdos conciliatorios en municipalidades por supuestos reajustes al salario mínimo.
“Eso es muy grave, porque implica que no se estaba pagando conforme a la ley y luego se incluyen porcentajes adicionales que terminan siendo acuerdos fraudulentos”, dijo.
Solórzano también señaló abusos dentro de los procesos laborales.
“Hay casos en que los procuradores no se presentan, pero en otros interponen toda clase de recursos y engordan la chancha durante diez años. Cuando sale el dinero, la mayor parte ya se quedó en el camino”, denunció.
Incluso, aseguró que existen abogados que compran procesos laborales.”Llegan, le pagan al trabajador sus prestaciones, se quedan con la demanda y después lo ven como una tasa de inversión increíble. Eso no se puede negar”, afirmó.
Finalmente, el presidente del CAH llamó a identificar a los responsables sin generalizar al gremio.
“Es momento de ponernos los pantalones y señalar a esas personas. Si no, este será un ciclo repetitivo cada cuatro años. Esto no es nuevo, viene de gobiernos anteriores, pero hoy las cifras ya no se pueden ocultar”, concluyó.
Hay 76 alcaldías con demandas y embargos según la Amhon
En contraste, el vicepresidente de la AMHON, Naum Cálix, informó este jueves que al menos 76 municipalidades hondureñas enfrentan una parálisis financiera crítica debido a demandas laborales y embargos judiciales.
La mayoría de estas localidades dependen de las transferencias del gobierno central, las cuales han sido bloqueadas, impidiendo la ejecución de obras públicas y servicios básicos. Esta problemática surge principalmente por despidos injustificados realizados durante las transiciones de gobierno y el incumplimiento de contratos previos.
Ante esta crisis, se propone incluir un capítulo municipal en el decreto de emergencia fiscal para liberar recursos y dar oxígeno a las finanzas locales. Finalmente, se destaca la necesidad de reformar la Ley de Municipalidades y fortalecer el papel fiscalizador del Tribunal Superior de Cuentas para prevenir futuras deudas.
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