La PGR demandó a 97 exdiputados por la destitución arbitraria de cuatro magistrados en 2012, acción que la CorteIDH declaró ilegal y que costó al Estado más de L54 millones.
La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso este lunes una demanda civil ante los Juzgados de lo Civil contra 97 exdiputados del Congreso Nacional que participaron en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.
En declaraciones a medios locales, el director de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la PGR presentó una acción ordinaria por repetición, valorada en aproximadamente 54 millones de lempiras.
Esto, según Duarte, con el objetivo de recuperar los fondos que el Estado debió pagar tras la condena internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Además, explicó que, en materia civil, la acción de repetición busca trasladar la responsabilidad económica a quienes tomaron la decisión que generó el daño al Estado.
“El proceso judicial continuará con la admisión o no de la demanda por parte del juez, seguido por el emplazamiento a cada uno de los señalados, la audiencia preliminar, la fase de pruebas, alegatos y finalmente la sentencia”, detalló Duarte.
Los demandados
Entre los demandados aparece el expresidente Juan Orlando Hernández -preso en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico y uso de armas- quien para 2012 presidía el Congreso Nacional y estos otros diputados propietarios y suplentes, según lista preliminar difundida en medios locales:
- Carmen Vázquez
- Claudio Roberto Perdomo Interiano
- Lorina Dolores Alvarado Lagos
- Freddy Espinosa Mondragón
- Jorge Romeo Silvestri Pérez
- William Guifarro Montes de Oca
- José Arnulfo López
- José Discua Elvir
- José María Martínez Valenzuela
- Juan Fernando Lobo Pineda
- Abraham Kafati Díaz
- Juan Ramón Morales Turcios
- Mario Alonso Pérez López
- María Isabel del Carmen Ferrufino Flores
- Marta Concepción Figueroa Torres
- Óscar Emilio Cruz Pineda
- Óscar Orlando Burgos
- Óscar Ramón
- Salvador Cabrera Reyes
- Samuel Martínez Durón
- Sandra Evelina García Salgado
- Wilfredo Bustillo Castellanos
- Yaudet Burbara Canahuati
- Yesenia Coello Zelaya Galeas
- Juan Orlando Hernández Alvarado
- Alonso Agapito Alexander Rodríguez Escobar
- Alberto Chedrani
- Denisse Roberto Velázquez Llanes
- Denisse Antonio Sánchez Fernández
- Denisse Lisandra Mejía Zelaya
- Gladys Aurora López Calderón
- Gonzalo Antonio Rivera
- José Rodolfo Zelaya Portillo
- José Rosendo Muñoz Troches
- José Cárcamo
- Juan Ramón Velázquez Názar
- Julio César Gámez Interiano
- Lena Karin Gutiérrez Arévalo
- Marvin Ponce Sauceda
- Mauricio Oliver Herrera
- Maynor Humberto Pinto Valle
- Rafael Orlando Monge Reyes
- Ramón Eudoro Chacón Cruz
- Raúl Edgardo Bulnes Barahona
- Sandra Evelin Figueroa Vanegas
- Santos Catalino Canales Zelaya
- Sara Isbela Medina Galo
- Alexis Danilo Trejo Hernández
- Alan Wilmer Aguirriano
- Armando Calidonio Alvarado
- Edwin Roberto Pavón León
- Eleazar Alexander Juárez Sarabia
- Eliseo Noel Mejía Castillo
- Gonzalo José Rivera Medrano
- Gustavo Alberto Pérez Cruz
- Hipólito Graciela Rodríguez
- José Tomás Ponce Pozas
- José Tomás Zambrano Molina
- José Vicente León Rojas
- Luis Eberrío Segovia
- Luis Javier Menocal Funes
- Manuel Iván Fiallo Rodas
- Miguel Ángel Arita Paz
- Naín Urbina Urtecho
- Norma Aidé Calderón Arias
- Ricardo Antonio Díaz Aceituno
- Rigoberto Chang Castillo
- Rolando Dubón Bueso
- Sonia Argentina Fajardo
- Valentín Suárez
¿Qué ocurrió en 2012?
Los cuatro magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira habían declarado inconstitucionales proyectos clave de la administración de Porfirio Lobo Sosa, como las polémicas “ciudades modelo” y la Ley de Depuración Policial.
Su decisión provocó presiones políticas que derivaron en la conformación de una comisión investigadora y, en cuestión de horas, su destitución.
Tras su remoción, los magistrados denunciaron hostigamiento y hasta intentos de atentado. En 2024, la CorteIDH determinó que Honduras actuó de forma “arbitraria e ilegal”, violando la independencia judicial.
Por su parte, el Estado a través del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro aceptó plenamente su responsabilidad.
“El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales”, expresó en su momento el procurador Manuel Antonio Díaz durante el acto de reconocimiento.
