La Fiscalía acusa a un militar de disparar y a otros siete por encubrimiento y omisión en este crimen.
El retén estaba ahí, a un lado de una calle en Choloma. La señal también. Pero lo que ocurrió después, según la Fiscalía, no fue un procedimiento de control, sino el inicio de una cadena de decisiones que terminó en muerte y ahora en tribunales.
Ricardo Alberto Umaña Gómez conducía junto a un familiar el 19 de mayo de 2024, cuando se topó con un punto militar en la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés. No se detuvo. Ese instante, breve, decisivo, marcó el rumbo de todo lo que vino después.
La acusación del Ministerio Público coloca el foco en ese momento. Señala que Juan Carlos Mejía Paz, miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), hizo uso de su arma de reglamento y disparó.
Una de las balas impactó en el cuerpo de Umaña. La escena terminó en tragedia. ero el caso no se queda en un solo dedo que aprieta el gatillo.
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Choloma y lo que pasó después
Para la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, lo que siguió también pesa. No como un error aislado, sino como una secuencia de omisiones.
Selvin Albino Galdámez Castro, Juan Ramón Almendares Soto, Darlin Amaliel Cruz Lara, Henry Alexander Becklem López, Luis Fernando Guillén Gonzales, José Jazmín Sosa Sosa y Noel Enmanuel García Ávila enfrentan acusaciones por encubrimiento y omisión del deber de perseguir el delito.
El expediente plantea que, tras el disparo, no se activaron las acciones que la ley exige. Y ese vacío, según la Fiscalía, también forma parte del delito.
De la escena al banquillo
En audiencia preliminar, el Ministerio Público formalizó la acusación y pidió que el caso avance al Tribunal de Sentencia.
El siguiente paso será un juicio oral y público, donde cada versión deberá sostenerse frente a pruebas y testimonios.
Ese traslado no es menor. Significa que la acusación superó una primera barrera y que el caso entra a una fase donde ya no basta narrar lo ocurrido: habrá que probarlo.
Una línea que se rompe
El expediente no solo reconstruye una muerte. También pone sobre la mesa una pregunta más profunda: qué ocurre cuando un retén, símbolo de control, se convierte en escenario de un uso letal de la fuerza.
La Fiscalía no plantea únicamente un disparo en ese operativo en Choloma. Plantea una cadena: acción, silencio y omisión. Y en esa cadena, el caso deja de ser individual.
Porque en Choloma no solo quedó un cuerpo en el camino. Quedó una familia marcada por una decisión que duró segundos, y una herida que ahora exige respuestas.
El juicio no solo medirá responsabilidades; pondrá a prueba si la justicia puede abrirse paso cuando el silencio intenta imponerse.
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