Posibles irregularidades en el ingreso y naturalización de chinos vinculados al Hospital Regional del Sur generan cuestionamientos legales
El caso de los chinos traídos por la Secretaría de Salud (Sesal) para trabajar en la construcción del Hospital Regional del Sur ha generado cuestionamientos por posibles irregularidades en el ingreso y en los procesos de naturalización de los ciudadanos asiáticos en Honduras.
Algunos analistas los han calificado como un nuevo “chinazo” dentro de los proyectos de infraestructura sanitaria en Honduras. Documentos oficiales revelan gestiones para facilitar la entrada y permanencia de trabajadores extranjeros bajo condiciones especiales.
Los registros muestran que durante la gestión de la exministra de Salud, Carla Marina Paredes, se realizaron solicitudes ante el Instituto Nacional de Migración para permitir que técnicos chinos ingresaran sin necesidad de visa, alegando que se trataba de personal especializado necesario para el desarrollo del hospital, impulsado por la Secretaría de Salud de Honduras.
Facilidades migratorias y discrepancias en cifras
Inicialmente se autorizó la entrada de seis personas, pero informes internos señalan que el número de ciudadanos chinos vinculados al proyecto podría rondar cerca de 200, lo que genera dudas sobre los controles aplicados y la legalidad de su ingreso al país.
La diferencia entre las cifras oficiales y las reportadas en los documentos internos ha despertado preocupación sobre la forma en que se gestionó la entrada de personal extranjero, y si las normas migratorias se aplicaron correctamente.
Procesos de naturalización bajo cuestionamiento
De acuerdo con la información, parte de estos trabajadores estaría siendo incluida en procesos de naturalización hondureña bajo la figura de empresarios o inversionistas.
Además, se habrían ofrecido hasta 40 mil dólares (aunque aún se desconocen los detalles de esta cifra) para facilitar dichos trámites, lo que genera cuestionamientos legales y administrativos, ya que muchos de los beneficiarios ingresaron originalmente como obreros de la construcción del hospital.
El caso ha abierto un debate sobre la transparencia en los procesos migratorios y de naturalización en Honduras, así como sobre la regulación de la entrada de personal extranjero en proyectos estratégicos de infraestructura sanitaria.
Hasta ahora, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre estos señalamientos, pero al país le recuerda el denominado caso de “El Chinazo”, ocurrido en la década de 1990 durante el gobierno de Rafael Callejas.
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