El TSC advierte multas de hasta L50 mil a funcionarios que usen vehículos del Estado sin permiso durante operativos de verano en Honduras.
Con el arranque de los operativos de control en carreteras durante la temporada de verano, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) lanzó una advertencia directa a todos los funcionarios públicos en Honduras: el uso indebido de vehículos del Estado no será tolerado.
Las autoridades han intensificado la vigilancia en distintos puntos del país, con el objetivo de verificar que los automotores oficiales sean utilizados exclusivamente para fines institucionales. Esta medida busca frenar prácticas irregulares que suelen incrementarse durante los días de descanso, especialmente en contextos como Semana Santa.
La normativa es clara. Los vehículos del Estado no pueden circular fuera del horario laboral ni en días inhábiles, a menos que exista una justificación debidamente documentada. Además, queda estrictamente prohibido utilizarlos para fines personales, como viajes familiares, paseos o actividades ajenas a las funciones públicas.
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Para que un vehículo estatal circule legalmente, debe cumplir con varios requisitos visibles y verificables. Entre ellos, portar placas vigentes, exhibir las franjas azul, blanco y azul, mostrar la inscripción “Propiedad del Estado de Honduras”, así como el nombre de la institución a la que pertenece y su número asignado.
¿Quiénes pueden circular?
En los casos donde se requiera el uso del vehículo fuera del horario habitual, el conductor deberá presentar una autorización escrita junto con una orden de trabajo que respalde la movilización. Sin estos documentos, el uso se considerará irregular.
Existen excepciones, pero son limitadas. Solo están autorizados para circular sin estas restricciones los vehículos destinados a emergencias, seguridad, defensa nacional y operativos especiales como los coordinados por el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).
El TSC también dejó claro que el incumplimiento de estas disposiciones tendrá consecuencias inmediatas. Si durante los operativos se detecta una falta grave, las autoridades están facultadas para decomisar el vehículo en el acto.
Las multas: Un golpe directo al bolsillo
Pero eso no es todo. La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas contempla sanciones económicas que pueden ir desde los 5,000 hasta los 50,000 lempiras, dependiendo de la gravedad de la infracción.
A esto se suman posibles procesos administrativos internos que podrían derivar en suspensiones, sanciones laborales o incluso la destitución del cargo.
Este tipo de controles no solo buscan sancionar, sino también enviar un mensaje claro sobre la correcta administración de los recursos públicos. En un contexto donde la transparencia es cada vez más exigida por la ciudadanía, el uso responsable de los bienes del Estado se convierte en una obligación ineludible.
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