El director de seguridad y justicia de la ASJ sugirió crear una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la violencia.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, alertó en el noticiero Tu Nota Ahora, que más de 300 mil hogares en Honduras están siendo víctimas de extorsión, una problemática que, según dijo, se ha expandido a nivel nacional.
De acuerdo con Castañeda, pese a la reducción registrada en la tasa de homicidios en los últimos años, Honduras continúa siendo el país más violento de Centroamérica.
“La extorsión se ha replegado, se ha desplegado a nivel nacional. Ahora vemos extorsión donde antes no veíamos”, afirmó en TuNota Ahora.
El funcionario de la ASJ señaló que el país necesita con urgencia una estrategia integral enfocada en tres sectores clave: la juventud, las mujeres y las comunidades ubicadas en territorios controlados por estructuras criminales.
Jóvenes reclutados por el crimen organizado
En ese sentido, expresó preocupación por la creciente cooptación de jóvenes por parte del crimen organizado.
Citó declaraciones recientes de Casa Alianza que revelan casos de reclutamiento de niños desde los 4 y 5 años.
“Eso parece increíble en un contexto como el nuestro, que se estén dando todavía a estas alturas ese tipo de situaciones”, lamentó.
Castañeda también hizo referencia al control territorial ejercido por estructuras criminales, situación que motivó la aplicación de un estado de excepción en gran parte del país, tras identificarse conflictos de violencia y criminalidad en casi todo el territorio nacional.
Desplazamiento forzado afecta a más de 600 menores al año
El impacto de la violencia también se refleja en el desplazamiento forzado interno. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) del año 2025, un promedio anual de 608 niñas, niños y adolescentes estuvieron en riesgo o fueron víctimas de desplazamiento forzado en los últimos cinco años.
La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) detalló que, entre 2019 y 2023, al menos 15,174 personas estuvieron en riesgo o fueron víctimas de desplazamiento, de las cuales 3,041, equivalentes al 20%, eran menores de edad.
El Conadeh cuestionó que el reclutamiento forzado, considerado una modalidad de trata de personas, ha ido escalando en el país y continúa siendo un problema invisibilizado por las autoridades.
La mayoría de los menores afectados son desplazados junto a sus padres o familiares, quienes se ven obligados a abandonar sus hogares como medida de autoprotección ante amenazas, extorsiones, tentativas de homicidio, asesinatos de parientes y reclutamiento forzado. Solo las amenazas representan el 48% de los casos atendidos.
Ante este panorama, la ASJ reiteró la necesidad de una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la violencia y proteja especialmente a los sectores más vulnerables del país.