Según el Conadeh, “no hay reparación para las víctimas ni responsabilidad para quienes incurrieron en ilegalidades durante este estado de excepción”.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió sobreseer el estado de excepción con 13 votos a favor y 2 en contra de la medida que estuvo vigente en Honduras entre 2022 y 2026.
Tras más de tres años de vigencia, Honduras ha puesto fin al estado de excepción, devolviendo a la ciudadanía la plena vigencia de sus garantías constitucionales.
La medida, que permitía capturas y allanamientos sin orden judicial, expiró el 26 de enero de 2026 sin recibir una nueva prórroga por parte del Ejecutivo del gobierno anterior.
Al respecto, Blanca Izaguirre, Comisionada Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), expresó, sus críticas hacia la medida en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi.
“La decisión significa que no hay reparación para las víctimas ni responsabilidad para quienes incurrieron en ilegalidades durante este estado de excepción”, señaló Izaguirre.
Agregó que el recurso presentado por la Conadeh documentaba más de 800 quejas por detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
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La abogada enfatizó que muchas de las personas afectadas “no tenían vínculo con el crimen organizado” y que el Estado incumplió con estándares legales e internacionales.
Según Izaguirre, “hubiéramos esperado que se resolviera el recurso de inconstitucionalidad para garantizar reparación y deducción de responsabilidades”.
Organizaciones civiles y el Colegio de Abogados también habían presentado recursos, pero la Corte no los analizó, dejando sin respuesta las denuncias por vulneraciones de derechos humanos.
‘Manipulado políticamente’: Ruth Laffose
Por su parte, la abogada constitucionalista Ruth Laffose cuestionó la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer el estado de excepción, aprobada con una votación de 13 a 2 entre los 15 magistrados.
A su juicio, la resolución llega tarde y deja sin reparación a las personas cuyos derechos pudieron haber sido vulnerados durante la aplicación de esta medida.
“Es un carpetazo, como si el estado de excepción nunca hubiese ocurrido”, afirmó.
Según la jurista, la prolongación del estado de excepción —extendido en 24 ocasiones— permitió gobernar “por excepción y no por Constitución”, lo que, en su opinión, evidencia un abuso de poder que no fue controlado oportunamente por la justicia constitucional.
Laffose sostuvo que el sobreseimiento “manipulado políticamente” consolida ese abuso y evita que se deduzcan responsabilidades.
Además, citó un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que documenta presuntas violaciones a derechos humanos durante la vigencia de la medida, entre ellas desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Ante este panorama, advirtió que las víctimas podrían acudir a instancias internacionales y planteó que el Congreso Nacional podría impulsar un juicio político como mecanismo de control.
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El estado de excepción en Honduras
El estado de excepción en Honduras fue implementado en diciembre de 2022 como una medida del Gobierno anterior para enfrentar la criminalidad y combatir estructuras del crimen organizado.
Desde entonces, la disposición fue prorrogada en múltiples ocasiones y ampliada progresivamente hasta abarcar gran parte del territorio nacional.
La medida ha generado debate entre autoridades y organizaciones de derechos humanos, que han cuestionado su prolongación y la suspensión de ciertas garantías constitucionales.
Mientras el Gobierno defiende el estado de excepción como una herramienta clave de seguridad, distintos sectores advierten sobre riesgos para el estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales.
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