Tras su captura en enero, el exmandatario enfrenta un proceso judicial que empieza a definir su destino.
Nicolás Maduro ya no habla desde un balcón ni marca la agenda con discursos. Este jueves entrará nuevamente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York como un acusado más, escoltado y sin margen para imponer su narrativa.
La escena, fría y controlada, contrasta con los años en los que concentró el poder en Venezuela. Ahora, en ese mismo espacio donde pasaron grandes capos del narcotráfico y figuras del crimen organizado, se medirá algo distinto: la capacidad real de su defensa para sostenerse frente a un expediente que lo señala por narcoterrorismo.
La audiencia de este 26 de marzo iniciará a las 10:00 a. m., no es un trámite ni una repetición de la primera comparecencia.
Es el punto donde el caso empieza a dejar de ser impacto político para convertirse en una batalla jurídica concreta.
Ahí se pondrán sobre la mesa los argumentos con los que Maduro intenta desmarcarse de la jurisdicción estadounidense y, al mismo tiempo, la solidez de una acusación construida durante años por fiscales federales.
Lo que ocurra en esa sala marcará el ritmo del proceso y definirá si su estrategia resiste o comienza a ceder.
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La audiencia que pone a prueba la defensa de Maduro en EE. UU.
En esta nueva comparecencia no se dictará una sentencia, pero sí se abrirá la fase donde cada pieza empieza a encajar o a romperse.
La defensa buscará cuestionar la jurisdicción de Estados Unidos y sostener la tesis de que Maduro conserva un estatus que lo protege, mientras los fiscales avanzan en estructurar un caso que lo vincula con redes de tráfico de droga y operaciones criminales de alcance internacional.
El abogado principal de Maduro, Barry J. Pollack, pidió al tribunal que desestime la acusación al sostener que el gobierno estadounidense bloqueó los fondos con los que el Estado venezolano debía cubrir los honorarios de sus abogados.
La defensa argumenta que esa medida vulnera sus derechos constitucionales, al limitar su posibilidad de elegir libremente a su abogado.
Incluso advierte que imponerles un defensor asignado por el tribunal no resuelve el problema, sino que profundiza las restricciones sobre su representación legal.
Sobre ese planteamiento, los abogados fueron más allá y solicitaron que el caso sea desestimado. Como alternativa, pidieron al tribunal abrir una audiencia probatoria que permita examinar cómo las sanciones están afectando su capacidad de defensa.
Pero la fiscalía salió al paso y rechazó ese argumento. En un documento presentado días antes de la audiencia, sostuvo que no es viable permitir que recursos del Estado venezolano cubran los gastos legales, entre otras razones porque Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo del país.
Lo que viene después
El proceso entra en una fase donde los desafíos se vuelven más complejos y sensibles, empezando por el reclamo de inmunidad que Maduro podría sostener como jefe de Estado, un argumento que ya ha sido adelantado por su entorno y que forma parte del núcleo del debate legal.
A eso se suma otro punto crítico: la legalidad de su captura en territorio venezolano, cuestionada por juristas.
Y, en el fondo de todo, el tema que atraviesa el caso completo: hasta dónde puede llegar la jurisdicción de Estados Unidos para juzgar a un líder extranjero.
La captura
El 3 de enero de 2026, una operación militar de Estados Unidos terminó con su captura en Caracas y su traslado inmediato a Nueva York.
Dos días después, frente a un juez federal, se declaró no culpable junto a su esposa, Cilia Flores, y fijó su postura: no se reconoce como acusado, sino como víctima de una acción ilegal.
Desde entonces permanece en una prisión federal en Brooklyn, lejos de cualquier control político.
Mientras su caso avanza en un sistema que no responde a su lógica de poder.
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