Juan Manuel Ávila Meza y Carlos José Zavala Velásquez, exoficiales hondureños acusados de conspirar con el narco, salen libres este 11 de noviembre.
El 12 de julio de 2016, Juan Manuel Ávila Meza y Carlos José Zavala Velásquez, junto a otros tres oficiales de la Policía hondureños, se entregaron voluntariamente a la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Tegucigalpa.
La decisión se produjo tras conocer que la justicia de Estados Unidos los acusaba de conspirar para importar cocaína a territorio norteamericano y de utilizar sus cargos policiales para proteger cargamentos de droga.
Hoy, 11 de noviembre de 2025, Ávila Meza y Zavala Velásquez salen en libertad tras cumplir sus condenas en cárceles federales de Estados Unidos.
Nueve años después, los dos hombres que alguna vez portaron uniforme policial y juraron combatir el delito vuelven a la calle, convertidos en símbolo del capítulo más oscuro de la narcocorrupción policial en Honduras.
La libertad que abre viejas heridas
Nueve años después de su entrega a la DEA, Ávila y Zavala vuelven a ser hombres libres.
Sin embargo, su salida de prisión no borra lo que representaron: la traición de un uniforme, el símbolo de cómo la corrupción se incrustó en las fuerzas de seguridad hondureñas.
En Honduras, su historia es un recordatorio de los años en que los guardianes de la ley trabajaron para el crimen organizado.
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Ávila Meza: el abogado que terminó tras las rejas
Juan Manuel Ávila Meza, abogado y exoficial, fue uno de los nombres más sonados del grupo.
La Fiscalía de Nueva York lo describió como un intermediario entre Los Cachiros y figuras políticas.
Según documentos judiciales, Ávila usó su acceso a información policial para proteger rutas de cocaína y coordinar reuniones secretas con líderes del cartel.
En una de esas reuniones, celebrada en 2014, participó el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, junto a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.
Aquella conexión, mencionada años después en otros juicios federales, ilustra hasta dónde se entrelazaron las estructuras criminales y políticas de Honduras.
Ávila fue sentenciado en 2021 por la jueza Lorna G. Schofield a 144 meses de prisión (12 años) por conspiración para importar cocaína.
Durante su audiencia, pidió perdón y admitió que “dañó a Honduras”. Cumplió su condena en la FCI Oakdale II, en Luisiana, con liberación efectiva este 11 de noviembre de 2025.
Zavala Velásquez: el subcomisionado que cayó en desgracia
Carlos José Zavala Velásquez llegó a ostentar el rango de subcomisionado de la Policía Nacional.
Los fiscales lo acusaron de haber usado su posición para brindar protección armada a cargamentos de cocaína y alertar a los traficantes sobre operativos.
Zavala se declaró culpable y fue condenado en 2018 a 12 años de prisión. En varios documentos judiciales, la corte lo describió como un oficial que “traicionó su juramento y convirtió la ley en escudo del crimen”.
Intentó reducir su condena mediante apelaciones y recursos de hábeas corpus, alegando fallos en su defensa, pero todos fueron rechazados. Hoy también recobra su libertad.
El caso que destapó a los ‘narcopolicías’ hondureños
El expediente de Ávila y Zavala se sumó a una serie de procesos judiciales que expusieron la infiltración del narcotráfico en las instituciones hondureñas.
Los juicios en Nueva York contra oficiales, políticos y empresarios dejaron al descubierto una red que por años operó bajo la protección de las más altas esferas del poder.
Junto a ellos fueron procesados otros agentes como Ludwig Criss Zelaya Romero, Carlos Alberto Valladares, Jorge Alfredo Cruz Chávez, Víctor López Flores y Wilmer Alonzo Carranza Bonilla, todos condenados por delitos similares.
El patrón era el mismo: usar los recursos del Estado para facilitar el paso de cocaína del sur al norte del continente.
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El impacto fue profundo. Tras sus capturas, el Gobierno hondureño implementó una depuración policial, pero con resultados limitados.
Las mismas estructuras que Ávila y Zavala ayudaron a consolidar siguen reapareciendo en nuevas investigaciones.
Nueve años después, los dos exoficiales regresan al mundo exterior mientras su país paga el precio de la desconfianza en sus policías.
Su libertad simboliza una deuda pendiente: la de un sistema que aún no logra garantizar que la ley se cumpla con el mismo rigor dentro y fuera del uniforme.