La directora de la OABI, Elizabeth Rodríguez, alerta que embargos y usurpaciones afectan la institución y anuncia denuncias por prevaricato y otros delitos.
La directora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Elizabeth Rodríguez, alertó sobre la grave situación financiera y operativa de la institución debido a embargos, demandas judiciales y usurpaciones de bienes bajo su custodia.
Según sus declaraciones, la OABI cuenta con aproximadamente 9,000 bienes bajo su custodia, pero la falta de recursos humanos y tecnológicos limita su control efectivo.
“Se ha embargado el presupuesto de la OABI, lo que la deja atada para poder gestionar los bienes entregados por el Ministerio Público. Estamos hablando de más de 90 millones de lempiras, que constituyen el corazón de nuestra operación“, señaló Rodríguez, tras una reunión con el procurador general Dagoberto Aspra y la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
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La funcionaria agregó que esta situación impide contratar personal multidisciplinario y expertos en ingeniería, esenciales para auditar y verificar la situación jurídica de los bienes incautados.
Demandas contra la OABI
Rodríguez hizo énfasis en un patrón específico de demandas judiciales que agrava la crisis: “más de 240 demandas que hoy pesan sobre la OABI fueron impulsadas prácticamente por un solo abogado en la zona norte del país. Esto ha trastocado nuestro presupuesto y nos impide operar con normalidad. La concentración de estas acciones en una sola jurisdicción evidencia posibles irregularidades que requieren investigación”.
Por ello, la directora anunció que la OABI presentará denuncias ante el Ministerio Público por posibles delitos de prevaricato, desobediencia y abuso de autoridad por parte de funcionarios judiciales que habrían permitido los embargos y afectado la administración de los bienes.
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“Estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público para que se investigue y se determine la responsabilidad de los funcionarios judiciales implicados”, añadió Rodríguez.
Sobre las usurpaciones de bienes, Rodríguez advirtió que son un problema creciente en la zona norte y el Litoral Atlántico, donde se concentra la mayor parte de los activos, situación que también será denunciada ante la Fiscalía General.
Esquema de defraudación: PGR
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, respaldó el llamado de la directora, destacando que la institución requiere una administración correcta que garantice la protección de los bienes y el manejo transparente de los recursos.
Aspra reconoció que las cuentas de la OABI están embargadas y señaló que se detectaron irregularidades en diversas instituciones del Estado, incluyendo alcaldías y entidades públicas, lo que evidencia un esquema de defraudación que requiere intervención inmediata.
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Acompañamiento del CNA
Por su parte, Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, expresó su disposición de colaborar con la OABI en veeduría, auditoría y capacitación.
“Estamos altamente preocupados por la situación de la institución. Sabemos que necesitan personal, presupuesto y un registro sistematizado de cada uno de los bienes, y nuestra labor es apoyar a que se recupere la operatividad plena”, afirmó.
La directora de la OABI enfatizó la necesidad de reestructurar la OABI de manera técnica y científica, incorporando tecnología de punta y un equipo multidisciplinario, en línea con el crecimiento y sistematización que han logrado el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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