Katherine Yulibeth Romero abusó de sus dos hijastros, de 13 y 8 años, estas fueron las pruebas que la incriminaron de manera contundente.
Por unanimidad, tres jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula emitieron un fallo condenatorio contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, al encontrarla culpable de tres delitos sexuales cometidos contra los hijos de su expareja.
La decisión judicial se produjo tras el juicio iniciado el pasado 2 de marzo, luego de que la imputada fuera capturada en mayo de 2025 en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.
De acuerdo con el fallo, la procesada fue declarada responsable de violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas en perjuicio de dos menores, de 13 y 8 años.
Amplia evidencia presentada en el juicio
Durante el proceso judicial, fiscales del Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia, presentaron diversas pruebas que permitieron a los jueces establecer la culpabilidad.
Entre las evidencias se incluyeron evaluaciones psicológicas, exámenes físicos, análisis videoforenses y testimonios de los menores obtenidos mediante cámara Gesell, así como declaraciones de familiares e investigadores.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido durante varios años, en momentos en que los niños permanecían bajo el cuidado de la ahora declarada culpable.
Denuncia de los padres
La detención de Romero Sorto se produjo tras una denuncia presentada por los padres de los menores, lo que dio inicio a la investigación que posteriormente derivó en el proceso judicial.
El tribunal consideró que la prueba presentada fue suficiente para establecer la responsabilidad penal de la acusada sin ningún tipo de duda.
Falta definir la pena
La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 26 de marzo a las 9:00 de la mañana, etapa en la que los fiscales solicitarán la condena correspondiente conforme a lo establecido en el Código Penal de Honduras.
De acuerdo con la legislación vigente, la sentencia que podría imponerse oscila entre más de 20 y más de 30 años de prisión.
El proceso se desarrolla en los Juzgados de San Pedro Sula, donde el tribunal continuará con las etapas finales para determinar la pena que deberá cumplir la condenada.
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