Los juristas denuncian una concentración de poder y un sistemático sabotaje institucional que busca controlar el origen del poder: el voto del pueblo.
Un grupo de expertos, incluyendo a los abogados Kenneth Madrid y Ruth Lafosse, advierte que Honduras está inmersa en una crisis constitucional estructural que amenaza directamente la celebración transparente de las elecciones generales Honduras 2025.
Vilma Morales, Sandra Ponce, Marcela Castañeda, Danelia Ferrera, Kenneth Madrid, Félix Ávila, Nelson Castañeda y Juan Carlos Pérez Cadalso denuncian una concentración de poder y un sistemático sabotaje institucional que busca controlar el origen del poder: el voto soberano del pueblo.
Las preocupaciones se centran en la instrumentalización de los órganos del Estado, especialmente en el contexto del proceso electoral previsto para el 30 de noviembre de 2025.
Instrumentalización judicial y electoral
El abogado Kenneth Madrid, portavoz de la opinión jurídica, señaló que ha habido una serie de desviaciones no establecidas en la Constitución. Las principales denuncias relacionadas con el proceso electoral son:
Interferencia del Ministerio Público (MP)
Denuncia que el MP ha instrumentalizado la acción penal pública para “poder incidir en procesos electorales en contravención del principio de objetividad”.
Madrid enfatizó que el Ministerio Público “no puede ser instrumento de persecución política ni interferir tampoco en procesos electorales”.
Se ha investigado a consejeras propietarias y empleados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), utilizando supuestas pruebas obtenidas ilícitamente.
Actuaciones del Poder Judicial
El Poder Judicial ha admitido “juegos procesales que permiten perseguir a los magistrados electorales por la vía penal”, interpretando restrictivamente las normas de independencia judicial.
La abogada, Ruth Lafosse advirtió sobre el impacto directo en la ciudadanía: “si el juez electoral decide con miedo la ciudadanía vota con desventaja”.
Además, Lafosse lamentó que en esta crisis, el Ministerio Público y el Poder Judicial “no han protegido el ejercicio del voto” sino que “han protegido al poder político partidario”.
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Sabotaje a órganos electorales
Los juristas advirtieron que los órganos electorales (CNE y TJE) han enfrentado un sabotaje sistemático, donde representantes del partido oficialista han recurrido a la inasistencia y al abandono del pleno, según los abogados.
“Impidiendo la integración de quórum y además de eso bloqueando la adopción de decisiones clave relacionadas con la logística electoral”, retrasando el cronograma electoral.
Representantes del partido oficialista han recurrido a la inasistencia y al abandono del pleno de ambos órganos, impidiendo la integración del quórum y bloqueando la adopción de decisiones clave relacionadas con la logística electoral y el retraso del cronograma electoral.
Según los juristas, la intimidación mediática y judicial genera un clima que limita la libertad decisoria y la independencia funcional de las entidades electorales, afectando el derecho ciudadano a elecciones auténticas y libres.
El riesgo de militarización y el estado de excepción
Ambos juristas destacaron cómo otras instituciones están socavando las condiciones mínimas para un proceso electoral democrático:
Desbordamiento del rol militar:
Señalaron que las Fuerzas Armadas deben ser una institución profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Su función es de “logística y seguridad bajo dirección del Consejo Nacional Electoral”.
Sin embargo, la solicitud del Estado Mayor Conjunto para obtener copias de actas electorales “rompe la cadena de custodia electoral constituyendo una intromisión grave en la competencia exclusiva de los órganos electorales”.
Lafosse fue categórica: “Ningún uniforme, ningún arma, ninguna bota está por encima de nuestro poder soberano que es el voto”.
“Gobernar por excepción“
El Poder Ejecutivo ha emitido un total de 25 decretos de suspensión de garantías hasta diciembre de 2025, consolidando un “régimen excepcional prácticamente ininterrumpido durante 3 años”.
Los expertos señalaron que este impacto se vuelve grave en el contexto electoral, ya que un clima de temor e inhibición “resulta incompatible con el desarrollo democrático de elecciones libres, genuinas y competitivas”.
Lafosse lo resumió así: “gobernar por excepción en pleno proceso electoral no es protección, es restricción, y es una amenaza a la libertad de expresión política”.
El Poder Judicial y el Ministerio Público ¿garantes de la legalidad?
Lafosse enfatizó que si el Poder Judicial y el Ministerio Público se convierten en parte del problema en lugar de defender la legalidad, la democracia queda expuesta al abuso de poder.
Por ello, concluyó que “la democracia solo funciona si el voto tiene la garantía judicial que lo proteja”.
¿Qué recomendaciones hicieron para unas elecciones transparentes?
Para asegurar elecciones auténticas, los expertos urgieron a solicitar observación y acompañamiento técnico internacional (ONU, OEA, UE) durante el periodo electoral.
Además, exigieron el restablecimiento del orden constitucional, exigiendo que las Fuerzas Armadas se limiten a su rol de apoyo logístico y que el Poder Judicial emita un pronunciamiento de fondo sobre la “compatibilidad del estado de excepción con la Constitución de la República”.