El debate sobre el juicio político sigue marcando la agenda de Honduras luego que algunos políticos exigen su aplicación a ciertos funcionarios.
Expertos en derecho coincidieron este martes en el foro televisivo Frente a Frente en que los funcionarios públicos deben ser sometidos a juicio político cuando corresponda; sin embargo, advirtieron que antes es urgente reformar la Ley Especial de Juicio Político para evitar que Honduras incurra en responsabilidad internacional y termine pagando indemnizaciones millonarias.
En el espacio participaron Joaquín Mejía, director adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos; el abogado constitucionalista Luis Romero; y el abogado penalista Félix Ávila, quienes analizaron los alcances y debilidades de la actual normativa.
Además, se presentó en el foro el consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa, quien es uno de los funcionarios que ha sido mencionado como posible sujeto a juicio político.
El juicio político es la facultad que tiene el Congreso Nacional de Honduras para evaluar y destituir a altos funcionarios públicos por tres causales: denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional e incapacidad manifiesta.
En las últimas semanas el debate ha estado en la palestra pública luego que algunos políticos expresaran su intención de llevar a juicio político al consejero Ochoa y al fiscal general Johel Zelaya.
Juicio político, una herramienta válida pero hay que seguir el debido proceso
Joaquín Mejía fue enfático en señalar que el juicio político es una herramienta válida, pero debe respetar estándares constitucionales y convencionales.
“Es necesario que rindan cuentas los funcionarios del Estado, y la figura del juicio político es una herramienta para eso. Segundo para que rindan cuentas, como es un proceso que termina en una sanción aunque sea política se requiere que se respete el debido proceso porque es un derecho absoluto que no se debe suspender en ningún momento”, expresó.
Agregó que cuando la Constitución y la Ley Especial establecen que la decisión del Congreso en un juicio político no puede ser objeto de control judicial, se vulneran derechos fundamentales. En ese sentido, Mejía advirtió que, de aplicarse la figura como está actualmente configurada, Honduras podría enfrentar nuevas condenas internacionales.
‘Estos actos son vergonzosos’: reaccionan a condena de la CIDH por destitución de magistrados
“Si Honduras aplica la figura del juicio político tal y como está en este momento configurada va a provocar que las personas que están involucradas van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte y luego va a haber una sentencia ¿y quién va a pagar los millones? el pueblo hondureño”, anotó.
El defensor de Derechos Humanos recordó precedentes como el caso Gutiérrez Navas contra Honduras, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado por la destitución de cuatro magistrados.
En ese caso, la Corte ordenó indemnizaciones millonarias para los afectados y medidas para adecuar la normativa interna a estándares internacionales.
“Para no incurrir en responsabilidad internacional del Estado revisen la sentencia de Gutiérrez Navas, la jurisprudencia de la Corte y adapten el procedimiento del juicio político de como está ahora a esos estándares”, señaló.
Fallo de la CIDH obliga a Honduras a pagar más de L12 millones a cada magistrado
Funcionarios sometidos a juicio político deben tener opción judicial
También insistió en que “debe de haber control judicial, es decir que una vez que haya separación de un cargo, esa persona debe tener el derecho a poder acceder a un Poder Judicial para que determine si esa sanción es contraria o no a las garantías judiciales”.
Finalmente, aclaró que no está en contra del juicio político, pero insistió en que antes hay que reformarlo para que se adapte a esos estándares y no se “genere la responsabilidad internacional del Estado y luego terminemos pagando el pueblo hondureño”.
Por su parte, el abogado penalista Félix Ávila coincidió en que deben respetarse las garantías del debido proceso, aunque marcó distancia en cuanto al control constitucional.
“El tema del control constitucional ahí sí yo discrepo ¿por qué? definitivamente porque no se trata de un proceso penal. Se trata de un proceso de un juicio estrictamente político”, dijo en su intervención.