Juristas advirtieron en el Precongreso de Investigación Científica UNAH 2025 que más del 50 % de los privados de libertad no tienen condena firme.
En Honduras, la cárcel se volvió antesala del juicio. Miles de personas esperan una sentencia que nunca llega, mientras el hacinamiento crece y la justicia se diluye entre expedientes olvidados. En medio de esta crisis, juristas hondureños alzaron la voz durante el Precongreso de Investigación Científica y de Posgrados UNAH 2025, al advertir que el abuso de la prisión preventiva convirtió el sistema penal en un castigo anticipado que vulnera la presunción de inocencia y erosiona la confianza en el Estado de derecho.
Los investigadores Nery Mauricio Miranda Sanabria y Jacobo Santos Espinal encendieron las alarmas sobre uno de los problemas más graves del sistema judicial hondureño: el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar.
“La implicación práctica de este colapso sistémico es doble: se violan masivamente los derechos humanos y se compromete la capacidad del Estado para administrar justicia”, advirtió Miranda Sanabria.
Prisión preventiva viola el principio de presunción de inocencia
Los investigadores subrayaron que la prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla.
Además, dicen que su abuso vulnera directamente el principio de presunción de inocencia, pilar fundamental del derecho penal moderno.
La práctica recurrente de privar de libertad a personas sin una condena, indicaron, genera hacinamiento carcelario, sobrecarga judicial y un efecto social devastador sobre familias y comunidades.
En muchos casos, las personas detenidas pasan años esperando juicio, aun sin pruebas sólidas en su contra.
“El populismo punitivo distorsiona la justicia: se cree que encarcelar más es sinónimo de seguridad, cuando en realidad es un síntoma de la ineficiencia del sistema”, señalaron los ponentes.
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Reformas y voluntad política: el gran desafío
Miranda y Santos insistieron en que el problema no es la falta de soluciones, sino la ausencia de voluntad política e institucional para implementarlas.
Según su investigación, Honduras necesita una reforma integral que aborde tanto los aspectos legales como culturales que perpetúan la criminalización anticipada.
Entre las propuestas, inspiradas en la experiencia de países como Chile y Colombia, destacan la aplicación de medidas cautelares alternativas.
Entre ellas: el arresto domiciliario, la vigilancia electrónica y la creación de unidades de evaluación de riesgo para determinar la necesidad real de la prisión preventiva.
“Sin un cambio en la cultura jurídica de jueces, fiscales y defensores, cualquier reforma legal será letra muerta”, advirtieron.
Recomendaciones: tres actores, una misma responsabilidad
El estudio concluyó con un llamado a los tres principales actores del sistema judicial y académico del país:
- Poder Judicial: Fortalecer los criterios de imposición de la prisión preventiva, exigiendo una motivación reforzada que justifique la medida solo cuando sea estrictamente necesaria. Asimismo, promover activamente las alternativas a la privación de libertad mediante capacitación y protocolos claros.
- Al Poder Legislativo: Reformar el marco normativo para establecer límites temporales estrictos y criterios de aplicación más rigurosos, en armonía con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, crear y financiar Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares que provean evaluaciones objetivas a los jueces.
- Academia y sociedad civil: Desarrollar programas de monitoreo y veeduría social para generar evidencia empírica sobre el impacto de la prisión preventiva y promover un debate público informado que combata el populismo penal.
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Un llamado urgente a la justicia hondureña
La advertencia de los juristas no es nueva, pero cobra fuerza en un contexto donde el sistema penitenciario hondureño se desborda por su propio peso.
Más del 50 % de los privados de libertad esperan sentencia, mientras el Estado acumula una deuda con miles de privados que no son declarados culpables.
“Reformar la prisión preventiva es más que una necesidad técnica, es una cuestión de justicia, dignidad y derechos humanos”, concluyó Miranda.