El informe también destaca que Centroamérica y el Caribe representan el 19 % de los casos registrados este año, una de las regiones con mayor número de disputas a nivel global.
El informe anual publicado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, reveló que Honduras se posicionó como el país más demandado ante el durante el ejercicio fiscal 2025.
El documento revela que el país enfrenta seis nuevos arbitrajes internacionales, superando a Panamá, que acumula cinco casos, y a Colombia, México y Perú, que registran cuatro cada uno. En total, se presentaron 33 nuevos casos en todo el mundo.
La mayoría de los reclamos contra Honduras se originan en contratos o tratados internacionales de inversión, incluyendo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), el cual sigue vigente para resolver disputas incluso después del retiro oficial de Honduras del CIADI en agosto de 2024.
Entre los casos más recientes figura una demanda registrada el 15 de mayo de 2025, presentada bajo el mecanismo complementario del CIADI, que permite procesar reclamos de empresas amparadas por tratados multilaterales de inversión.
De las 16 demandas acumuladas en los últimos años, la mayoría interpuestas durante la administración de Xiomara Castro, trece continúan activas. Tres fueron retiradas recientemente, entre ellas el arbitraje de Palmerola International Airport (PIA), en el que Honduras resultó favorecida al evitar el pago de más de 10,500 millones de lempiras.
El informe también destaca que Centroamérica y el Caribe representan el 19 % de los casos registrados este año, una de las regiones con mayor número de disputas a nivel global.
Aunque Honduras dejó de ser parte formal del CIADI, sigue obligada a responder ante este tribunal internacional por compromisos adquiridos en tratados comerciales. El país se adhirió al organismo en 1986 y denunció formalmente su participación en febrero de 2024, proceso que se hizo efectivo seis meses después.
Esta nueva posición refuerza la presión internacional sobre el Estado hondureño y evidencia la creciente conflictividad jurídica con inversionistas extranjeros en medio de un clima de incertidumbre política y económica.