Expertos advierten que la PGR y el TSC tienen capacidad, pero arrastran debilidades que limitan su papel en la lucha contra la corrupción.
La ausencia de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (CICIH) dejó de ser una espera y se convirtió en un punto de presión. Sin un mecanismo internacional que acompañe la lucha contra la corrupción, el gobierno de Nasry Asfura decidió empujar a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al centro del combate, una decisión que revive viejas dudas sobre su capacidad real.
En medio de ese giro, el abogado y analista político Jaime Rodríguez lanza una advertencia que resume el momento: ambas instituciones existen, tienen base legal y funciones claras, pero no logran traducir eso en resultados visibles.
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Honduras con instituciones con potencial, pero atrapadas
Rodríguez no evade el diagnóstico y lo dice sin rodeos: la PGR y el TSC son “gigantes dormidos”. Con esa frase, señala que el problema no es la falta de estructura, sino la ausencia de acción sostenida.
“El problema no es la falta de capacidad, sino la ausencia de voluntad y acción. Si se les fortalece y se colocan personas comprometidas, pueden cumplir un rol importante”, afirmó, al dejar claro que el cambio no pasa solo por recursos, sino por decisiones.
En ese mismo análisis, advierte que durante años ambas instituciones estuvieron lejos del rol que deberían jugar dentro del sistema anticorrupción.
PGR y TSC: entre lo que hacen y lo que no ocurre
El señalamiento hacia la PGR es directo. Según Rodríguez, su actuación ha sido limitada dentro de los procesos penales, adoptando una posición secundaria.
“La PGR históricamente adoptaron una postura pasiva en procesos penales, limitándose a respaldar las acciones del Ministerio Público”, expuso, al evidenciar una institución que acompaña, pero “no lidera”.
En el caso del TSC, la crítica apunta a la falta de impacto de sus auditorías. Aunque identifica irregularidades, sus hallazgos no siempre generan consecuencias.
“Las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas no reciben la importancia que deberían, ni siquiera dentro del mismo sistema de justicia”, subrayó, marcando una falla que atraviesa todo el engranaje estatal.
Un sistema que detecta, pero no reacciona
El patrón se repite: Honduras cuenta con instituciones que generan información, pero no siempre logran convertirla en acciones concretas. Los informes existen, los hallazgos se documentan, pero el sistema no reacciona con la contundencia esperada.
Esa desconexión deja a la PGR y al TSC en una zona gris: tienen el mandato, pero no el peso real que les permita incidir en la lucha contra la corrupción.
Rodríguez insiste en que el punto de quiebre no está en la ley, sino en la voluntad política. “Sin decisiones firmes, cualquier intento de fortalecimiento se queda en discurso”, dice.
Considera positivo que se plantee dotar de más recursos y personal a ambas instituciones, especialmente en un contexto donde el accionar del fiscal general se cuestiona.
Sin embargo, advierte que el verdadero cambio dependerá de quiénes estén al frente y cómo ejerzan el poder.
La CICIH sigue en el fondo del debate
Aunque el enfoque se traslada a lo interno, la CICIH sigue presente como referencia. Su ausencia no elimina la necesidad que la originó.
“No podemos depender permanentemente de organismos externos. Lo ideal es fortalecer nuestras propias instituciones”, señaló Rodríguez.
Honduras se enfrenta a un escenario que ya no admite pausas. Sin CICIH, la PGR y el TSC ya no tienen margen para seguir en la sombra.
Ahora están en el centro del combate, y el país no solo observa: exige resultados que rompan con una historia donde la corrupción se detecta, pero pocas veces se castiga.
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