¿Por qué es necesario reglamentar la Ley de Medidas Excepcionales en Salud? Aquí lo explicamos.
En el marco de la emergencia sanitaria vigente, autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del sector salud presentaron este martes 10 de febrero el proceso de reglamentación de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud.
La conferencia de prensa contó con una amplia representación del sector salud y político. Entre los asistentes destacaron Emilia Solís, representante de la OPS; la designada presidencial María Antonieta Mejía; el subsecretario de Salud Ángel Eduardo Midence, y la diputada Carolina Flores.
Asimismo, al evento asistieron delegados de la sociedad civil, asociaciones de trabajadores y representantes de los gremios médico y de enfermería.
Ley de emergencia en salud en Honduras
El 2 de febrero, el Congreso Nacional declaró emergencia sanitaria en el sistema de salud pública hasta inicios de febrero de 2027, bajo el argumento de la existencia de una mora quirúrgica, falta de medicamentos y condiciones precarias en los centros asistenciales.
La declaratoria se realizó mediante la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, con una vigencia inicial de un año, prorrogable.
La normativa consiste en implementar “medidas excepcionales, urgentes, temporales, públicas y transparentes” para atender la emergencia, mediante procedimientos especiales o simplificados de contratación, así como la suscripción de fideicomisos, convenios especiales y contratos nacionales o internacionales.
¿Por qué es necesario reglamentar la ley?
La Ley de Emergencia en Salud establece el mandato soberano y las facultades extraordinarias para la Secretaría de Salud; mientras que el reglamento determina los protocolos de ejecución, los criterios de transparencia en las compras y los límites de los funcionarios encargados de gestionar la crisis.
En otras palabras la ley establece derechos y obligaciones generales; mientras que el reglamento explica los procedimientos para ejecutar esos derechos y establece obligaciones a los funcionarios encargados de cumplirlos.
El subsecretario de la Secretaría de Salud, Ángel Eduardo Midence, indicó que la reglamentación responde a una obligación legal y a un esfuerzo conjunto del sector.
“Hoy, con este reglamento que estamos obligados por ley como Secretaría de Salud a realizar, convocamos a los diferentes actores que nos unimos con un solo propósito llamado Honduras y, sobre todo, la salud de cada uno de los hondureños y hondureñas”, afirmó.
El reglamento de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población se elaborará en 30 días con la participación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Colegio Médico de Honduras, Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Afines de Honduras (Sitramedhys), entre otros.
María Antonieta Mejía: un gran pacto por la salud
Durante la conferencia se explicó que el proceso convoca a instituciones del Estado, gremios profesionales, organizaciones de pacientes, entes de control, sectores académicos y sociedad civil, con el objetivo de garantizar que las medidas excepcionales respondan al interés público.
La designada presidencial afirmó durante la conferencia: “Hoy firmamos un gran pacto por la salud de Honduras, con el concurso de cada uno de ustedes, de cada persona y de cada hondureño que vela por la salud del país”.
Añadió que “el gran pacto por la salud” no es un acto simbólico, ni un acuerdo coyuntural. Consta de una decisión de Estado para “fortalecer la gobernanza sanitaria, prevenir abusos, proteger a la población y asegurar que cada acción extraordinaria tenga un marco normativo claro, temporal y evaluable”.
“Este es un proceso que marca un hito histórico, un paso decisivo hacia el objetivo de un diálogo abierto, fraterno y responsable, con compromisos colectivos para proteger la salud”, señaló la designada presidencial.
Reiteró que “la salud pública en Honduras exige decisiones firmes, acuerdos amplios y reglas claras”, y señaló que el proceso de reglamentación se ha desarrollado bajo un enfoque técnico y participativo, orientado a la construcción de consensos estratégicos.
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Respaldo del Congreso Nacional
Desde el Poder Legislativo, la diputada del Partido Nacional y miembro de la comisión de salud, Carolina Flores, recordó que la ley fue aprobada por mayoría de votos tras reconocer la crisis estructural del sistema sanitario.
“Reconocemos que el Estado de Honduras enfrenta actualmente una crisis en el sistema de salud. Considerando la saturación de la red asistencial, la mora quirúrgica acumulada, el déficit de insumos estratégicos, la insuficiencia de medicamentos y de capital humano en salud, tomamos a bien discutir esta ley, aprobarla y ponerla a disposición del Ejecutivo”, manifestó.
Flores añadió que el objetivo es que la normativa permita resultados en el corto plazo, pero con impacto sostenido.
“Sabemos que esto es el inicio para pagar esa deuda con el pueblo hondureño en salud, pero sobre todo para robustecer nuestro sistema de salud de forma permanente, constante, y que no tenga que haber necesidad de estar declarando emergencias”, sostuvo.
Contexto de la emergencia sanitaria
“El decreto establece el estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general, con una vigencia de un año, pudiendo prorrogarse por el Congreso Nacional a petición del Poder Ejecutivo”, señala el artículo uno.
Entre las disposiciones, la ley permite la suscripción de fideicomisos, convenios con entes públicos, contratos con proveedores privados nacionales o internacionales y acuerdos con organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de mejorar el acceso a cirugías, medicamentos e insumos médicos en los 18 departamentos del país.
La ley, integrada por 11 artículos, fue aprobada con dispensa de debates y contempla la supervisión del Congreso Nacional, al que la Secretaría de Salud deberá rendir informes trimestrales.
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