Empleados del gobierno anterior que supuestamente no cumplían funciones y viven fuera del país llaman por prestaciones y envían constancias falsas.
Empleados de la administración anterior asignados a instituciones que están siendo suprimidas por el actual Gobierno han estado llamando para preguntar por el pago de prestaciones e incluso enviando constancias médicas falsas, pese a que muchos no se presentaban a trabajar o se encuentran fuera del país, según informó la Comisión Liquidadora.
En entrevista con TN5 Matutino de Canal 5, el abogado Leonel Núñez, miembro de la comisión, señaló que han detectado casos de personas que residen en Estados Unidos, México y España, pero que continuaban devengando salarios sin ejercer funciones.
“Se han atrevido a llamar preguntando cuándo se va a pagar las prestaciones; incluso han mandado constancias médicas falsificadas, y eso es lamentable… estamos hablando de gente profesional”, afirmó.
Empleados citados para cesantía y pago de prestaciones
El funcionario explicó que la Comisión Liquidadora ha citado para esta semana a los empleados que aún están pendientes de notificación de su cesantía, como parte del proceso para continuar con el reconocimiento de sus derechos laborales.
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“Estamos en esta labor, faltan todavía unas personas que se presenten… hemos hecho esos llamados para poder proceder a hacer el procedimiento que corresponde para el pago de prestaciones”, indicó.
Liquidadora advierte a empleados que no se notifiquen
Núñez advirtió además que quienes no acudan a recibir su notificación formal podrían perder el derecho a prestaciones.
“Si no llegan a las instituciones a recibir su notificación, van a recibir un despido sin derecho al gozo de prestaciones. Tenemos inspectores de Servicio Civil y de la Secretaría del Trabajo para levantar actas en caso de que no lleguen”, manifestó.
El proceso abarca instituciones como Red Solidaria, Convivienda, Sedecoas, Transparencia y Planificación Estratégica. En total, según la Comisión Liquidadora, son 1,412 empleados vinculados a Libre los cesanteados tras la reestructuración estatal.
Las autoridades prevén que, una vez completadas las notificaciones, el pago de prestaciones se realice en un plazo aproximado de 60 días.
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