Una demanda laboral por más de 63 millones pone en riesgo la operación municipal y abre sospechas sobre acuerdos irregulares.
La noche del 9 de febrero de 2026 cayó como un balde de agua fría en la Alcaldía de El Corpus, Choluteca. Un embargo por más de 63 millones de lempiras, derivado de demandas laborales, dejó a la nueva administración frente a un escenario crítico: una deuda que equivale a casi tres años completos de su presupuesto operativo y que amenaza con paralizar los servicios básicos del municipio.
Para la alcaldesa Katherine Guillén, recién llegada al cargo, el golpe no solo es financiero. También es político, institucional y social.
“Entré para servir y trabajar, no para encontrarme con este escenario que me limita para ejecutar proyectos”, lamentó.
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El Corpus, una deuda que desborda las finanzas municipales
El monto reclamado supera con creces la capacidad económica de El Corpus. Cada año, la municipalidad opera con alrededor de 29 millones de lempiras provenientes de transferencias, mientras que la recaudación local es mínima.
En ese contexto, una obligación superior a los 63 millones representa una carga casi imposible de asumir sin sacrificar programas sociales, obras públicas y funcionamiento institucional.
Las demandas incluyen reclamos por indemnizaciones, prestaciones, salarios atrasados, reajustes, préstamos, aguinaldos y catorceavo mes, presentados por decenas de exempleados.
Según la alcaldesa, se trata de procesos reales, pero con montos inflados y acuerdos firmados sin capacidad financiera para cumplirlos.
Cronología acelerada y sospechas de colusión
Uno de los principales cuestionamientos de la administración actual es la velocidad con la que se desarrollaron los procesos legales.
De acuerdo con Guillén, los despidos masivos ocurrieron entre el 17 y el 31 de diciembre de 2025. Apenas días después, entre el 19 y el 22 de diciembre, los exempleados otorgaron poder al abogado demandante, incluso antes de que algunos fueran separados oficialmente.
El 26 de diciembre, el entonces alcalde otorgó poder al abogado defensor de la municipalidad. Sin embargo, el 5 de enero de 2026, ese mismo apoderado firmó un acuerdo conciliatorio comprometiendo más de 63 millones de lempiras a pagar en apenas tres días.
Para la alcaldesa, ese acuerdo era “materialmente imposible” de cumplir. Luego, el proceso avanzó sin frenos:
- 12 de enero: presentación de demanda ejecutiva.
- 19 de enero: resolución de embargo.
- 2 de febrero: liberación del oficio al Banco Central, afectando la Caja Única.
“Todo ocurrió en plazos extraordinariamente cortos”, señaló Guillén, quien considera que este patrón apunta a una posible colusión entre actores del proceso.
Pagos inflados y expedientes bajo cuestionamiento
Un análisis realizado por expertos en derecho laboral, contratado por la alcaldía, estima que la cuantía real de los derechos reclamados rondaría los 30 millones de lempiras.
La diferencia, más de 32 millones representa, según Guillén, una sobrevaloración superior al cien por ciento.
Además, detectaron casos que generan serias dudas: padres que reclaman derechos laborales en nombre de hijos menores, asegurando que comenzaron a trabajar en 2014 cuando tenían entre ocho y nueve años.
“Son indicios que ponen en tela de juicio la veracidad de ciertos procesos”, afirmó la alcaldesa.
La Corte Suprema alerta por acuerdos exprés y ordena investigación
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó su preocupación por la rapidez con la que avanzó el proceso judicial, el cual, según explicó, se sustentó en un acuerdo de conciliación entre las partes.
“Estos acuerdos se llevan a los juzgados únicamente para su homologación. Cuando ya vienen consensuados, el Poder Judicial tiene un margen limitado de acción”, señaló.
No obstante, advirtió que existe una vigilancia permanente sobre este tipo de resoluciones, especialmente cuando pueden afectar las finanzas públicas. “Ponemos especial cuidado en revisar y reglamentar acuerdos que se hacen en perjuicio de las arcas del Estado”, afirmó.
Ante estas irregularidades, informó que ya se giraron instrucciones a la Supervisión General para que realice una investigación inmediata. “Si se determina que hubo dolo, el expediente será remitido al Ministerio Público”, concluyó.
Una herencia del pasado que pesa en el presente
Guillén insiste en que el problema no nació en su administración. Durante casi 30 años, la alcaldía estuvo dirigida por Luis Andrés Rueda Bellino, del Partido Nacional.
La nueva gestión, electa por el Partido Liberal, asumió sin un proceso formal de transición administrativa, lo que complicó el acceso a documentación clave.
“No tenemos los expedientes completos. Muchos documentos fueron extraídos”, denunció.
Esa ausencia de información limita la capacidad de defensa jurídica del municipio en los tribunales.
La mirada legal: responsabilidades y mecanismos
La abogada Ana Cardona señala que, en un proceso judicial, el juez debe verificar que se cumplan todos los requisitos legales y garantizar el derecho de defensa.
Por eso, cuestiona el papel de quienes representaban a la municipalidad. “Hay mecanismos para impugnar, para revisar y para demostrar una colusión si existió. La ley los establece”, explicó.
Para Cardona, si hubo irregularidades, estas deben probarse con elementos técnicos y no solo con señalamientos políticos.
Más allá del expediente judicial, el embargo tiene efectos directos en la vida cotidiana de los habitantes de El Corpus.
“Pareciera que este es el precio que el pueblo paga por votar diferente”, expresó Guillén, al referirse al cambio político ocurrido en el municipio.
Ante el panorama, la alcaldesa solicitó formalmente la nulidad absoluta del proceso y pidió una revisión integral de lo actuado. También hizo un llamado a las instituciones del Estado y al Tribunal Superior de Cuentas para que intervengan.
Un municipio atrapado entre la justicia y la supervivencia
El caso de El Corpus revela cómo una combinación de procesos acelerados, acuerdos cuestionables y debilidad institucional puede poner en jaque a una municipalidad entera.
Mientras los tribunales analizan los recursos legales presentados, la administración local camina sobre una cuerda floja: cumplir con obligaciones heredadas sin sacrificar el presente y el futuro de su población.
Entre expedientes incompletos, sospechas de colusión y recursos congelados, el municipio enfrenta una de las crisis más graves de su historia reciente, con una pregunta aún sin respuesta clara: ¿quién debe asumir el costo real de esta deuda millonaria?
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