Miles de casos ni siquiera entran al sistema, ya sea por miedo, desconfianza o falta de condiciones
En Honduras, las leyes existen. Están escritas, aprobadas y celebradas en discursos oficiales. Pero cuando una mujer decide denunciar, el sistema no siempre responde. Allí es donde la promesa se rompe. Allí es donde la justicia deja de ser derecho y se convierte en una posibilidad incierta.
Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres —titulado “Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe” (2026)—, pone el dedo en la llaga: la región avanzó en marcos legales, pero sigue arrastrando brechas estructurales y obstáculos institucionales que impiden que esos derechos se cumplan en la práctica.
El documento, elaborado como insumo para el 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, describe con precisión el patrón que se repite en el país: leyes que existen, sistemas que no funcionan.
De interés: Un protocolo busca romper la impunidad contra mujeres étnicas
Donde empieza la falla de la justicia
El informe identifica un problema de fondo: el acceso a la justicia no solo depende de tener leyes, sino de garantizar que las mujeres puedan denunciar, ser escuchadas, recibir protección y obtener reparación.
En la práctica, eso no ocurre. Las barreras son múltiples y el documento señala obstáculos económicos, territoriales, culturales e institucionales que limitan el acceso real a la justicia.
En Honduras, esto se traduce en mujeres que deben viajar horas para interponer una denuncia, que no tienen asesoría legal o que abandonan el proceso por miedo o desgaste.
A eso se suma un dato que retrata la dimensión del problema en la región: entre el 17 % y el 28 % de adolescentes ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja .
Es una cifra regional, pero su eco se siente en cada caso que no llega a sentencia en el país.
La violencia que no se denuncia
“Yo fui a poner la denuncia… y me dijeron que regresara otro día porque no había quien me atendiera”, cuenta María, una mujer de la zona norte que decidió romper el silencio tras años de violencia.
No volvió ni a la Policía ni a los Tribunales. “Uno siente que no sirve de nada. Que todo queda ahí. Y entonces mejor se queda callada”, dice.
Su historia no es una excepción. Es el reflejo de lo que advierte el informe: miles de casos ni siquiera entran al sistema, ya sea por miedo, desconfianza o falta de condiciones para denunciar.
Crimen organizado y mujeres: la doble trampa
El informe también abre una línea crítica para países como Honduras: el acceso a la justicia en contextos de crimen organizado.
En estos escenarios, la violencia contra las mujeres se intensifica y las posibilidades de denunciar se reducen. Las amenazas, el control territorial y la colusión criminal convierten la justicia en un riesgo.
La región ha dado pasos importantes: todos los países cuentan con leyes para prevenir la violencia contra las mujeres y al menos 20 triplicaron el feminicidio.
Sin embargo, el informe es claro: los avances legales no se traducen automáticamente en protección real.
Persisten problemas como:
- Falta de seguimiento a medidas de protección.
- Revictimización de las denunciantes.
- Débil capacidad institucional.
- Respuestas fragmentadas del sistema.
En Honduras, estos vacíos no son teóricos. Se viven en cada expediente que se estanca, en cada audiencia que se retrasa, en cada caso que se archiva.
El nuevo rostro de la violencia
El documento también advierte sobre una amenaza creciente: la violencia digital, que incluye acoso, extorsión y difusión de contenido íntimo sin consentimiento .
Es una forma de violencia que crece más rápido que la capacidad del Estado para responder. Y otra vez, la historia se repite: el delito evoluciona, la justicia se queda atrás.
El informe concluye que el acceso a la justicia sigue siendo una deuda estructural en América Latina. Y Honduras, con su combinación de violencia, desigualdad y debilidad institucional, encaja en ese retrato.
Y mientras la justicia siga siendo un trámite incierto, una puerta cerrada o una promesa incumplida, las mujeres seguirán enfrentando la misma pregunta, una y otra vez: ¿Para qué denunciar, si nada cambia? Ese es el verdadero patrón y ese es el golpe más profundo.
Lea también: Una cada día: el ritmo imparable de asesinatos de mujeres en Honduras