Los pensionados exigen auditoría forense y temen que, sin correctivos urgentes, el sistema colapse antes de 2030.
El reloj corre en contra del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos Municipales (Injupemp). Un déficit que ronda los dos mil millones de lempiras, una planilla inflada y decisiones administrativas cuestionadas tienen hoy a miles de jubilados frente a una amenaza real: quedarse sin sustento en menos de una década.
Por eso, la Asociación de Jubilados levantó la voz y exigió una auditoría forense que desnude lo ocurrido durante la gestión del exdirector, Amable de Jesús Hernández, a quien señalan como responsable de un desorden financiero que podría pasar factura en 2030.
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Injupemp: “No es una opinión, son datos actuariales”
Para Víctor Cubas, presidente de la Asociación de Jubilados, el panorama no admite maquillajes.
Asegura que las advertencias no nacen del malestar gremial, sino de evaluaciones técnicas. Los actuarios que asesoran al sistema son claros: sin correctivos inmediatos, el modelo es insostenible.
“Si no se buscan correctivos en estos cuatro años, para 2030 se peligra el sustento de miles de jubilados”, advirtió.
Por eso, llamó a los más de 25,000 pensionados a mantenerse vigilantes y organizados en todas las regionales del país, ante lo que considera una amenaza directa a sus derechos.
Una auditoría para revisar lo que no se explicó
El eje de la protesta es una auditoría forense que permita reconstruir cómo se administraron los fondos en los últimos años. Cubas cuestiona no solo los números, sino también la forma en que se dirigió la institución.
“(El director) casi no pasaba mucho en Injupemp. No sé por qué lo cargaron con tantas personas. Vamos a exigir una investigación”, afirmó.
Según los jubilados, la institución pasó de operar con una estructura manejable a una nómina cercana a los 700 empleados, cuando según estimaciones internas, podría funcionar con entre 300 y 350.
Nómina inflada y decisiones políticas
Uno de los puntos más sensibles es el crecimiento del personal durante el actual ciclo político. Cubas recordó que, en el período de Xiomara Castro, se incorporaron miembros de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), lo que según denuncia, disparó los costos operativos.
Para los jubilados, ese aumento no respondió a criterios técnicos, sino a intereses políticos que hoy pesan sobre las finanzas del sistema.
“No es posible que una institución de previsión social esté al borde de la quiebra”, reprochó el dirigente.
Un sistema al límite
El déficit de dos mil millones de lempiras no es solo una cifra en un informe contable. Representa pensiones en riesgo, tratamientos médicos inciertos y familias que podrían quedar sin ingresos.
Los pensionados temen que, si no se corrige el rumbo, Injupemp termine replicando crisis ya vistas en otros sistemas previsionales del país: promesas incumplidas, pagos retrasados y miles de personas empujadas a la precariedad.
En medio de la tormenta, el presidente Nasry Asfura destituyó a Hernández y nombró como nuevo director a Raúl Valladares hijo. Sin embargo, para los jubilados, el relevo no basta.
Advierten que sin transparencia, sanciones y reformas estructurales, el cambio será apenas cosmético.
El tiempo como enemigo
A siete años del plazo crítico señalado por los actuarios, el margen de maniobra se reduce. Cubas insiste en que el reto no es político, sino humano.
“Debemos asegurar que los derechos estén protegidos y que el sistema no colapse”, subrayó.
Hoy, Injupemp no enfrenta solo un problema financiero: enfrenta una crisis de confianza. Miles de jubilados, que dedicaron décadas al servicio público, miran con incertidumbre el futuro de su pensión.
No piden privilegios. Piden cuentas claras, responsables identificados y un sistema que cumpla lo prometido.
Porque detrás de cada número en rojo hay una historia de trabajo, de esfuerzo y de esperanza. Y si el Estado no actúa ahora, el déficit no solo será contable: será social, humano y difícilmente reparable.
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