Una corte de apelaciones de EE. UU. autorizó avanzar con la cancelación del TPS, dejando en incertidumbre a miles de hondureños.
La incertidumbre vuelve a golpear a miles de hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que una corte de apelaciones de Estados Unidos autorizara al gobierno federal avanzar con la cancelación de este beneficio migratorio, suspendiendo así la restitución que había sido ordenada previamente por un juez de distrito.
La decisión judicial, emitida por el Tribunal del Noveno Circuito el pasado 9 de febrero de 2026, revoca la protección migratoria inmediata que mantenía vigente el TPS mientras se resolvía el litigio y permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutar la cancelación del programa, mientras continúan los procesos legales en instancias superiores.
Un fallo que reactiva la cancelación del TPS
Con este fallo, la corte determinó que el gobierno estadounidense puede proceder con la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal, al considerar que la decisión no estuvo basada en motivos raciales o discriminatorios, sino en evaluaciones oficiales sobre las condiciones actuales de esos países.
La sentencia advierte que, como consecuencia directa, más de 80,000 personas podrían quedar sin autorización para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, lo que impacta de forma particular a la comunidad hondureña, una de las más numerosas bajo este estatus.
El TPS es una figura migratoria de carácter temporal, renovable cada 18 meses, y su continuidad depende exclusivamente del Poder Ejecutivo estadounidense, de acuerdo con evaluaciones humanitarias, ambientales y políticas.
Cronología de un litigio prolongado
El proceso judicial en torno al TPS ha estado marcado por resoluciones contradictorias.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del TPS el 8 de julio del año pasado, decisión que fue bloqueada temporalmente el 30 de julio mediante una demanda interpuesta por organizaciones defensoras de los beneficiarios.
Posteriormente, en agosto, una extensión provisional fue frenada, y el 31 de enero una jueza federal volvió a ordenar la suspensión de la cancelación.
Sin embargo, el 16 de enero, la administración estadounidense presentó una apelación que finalmente fue resuelta a su favor el 9 de febrero, permitiendo avanzar nuevamente con la terminación del programa.
Reacciones desde la comunidad hondureña
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, responsabilizó a la administración anterior de Honduras por el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, lo que según su análisis habría influido en la pérdida del TPS.
“En la ley del TPS hay una cláusula clara: además de los desastres naturales, el beneficio depende del interés y la relación de Estados Unidos con cada país”, afirmó Flores, quien señaló que decisiones diplomáticas del pasado habrían tenido repercusiones directas en este tema migratorio.
Flores hizo un llamado directo al actual presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, para que priorice la recuperación del TPS como parte de su agenda bilateral con Washington.
“Este es un problema heredado. Le pedimos al presidente Asfura que no nos abandone y que utilice la vía diplomática para recuperar este beneficio que miles de familias necesitan”, expresó.
¿Existe una vía para un nuevo TPS?
Ante la resolución judicial adversa, expertos coinciden en que la única alternativa viable sería solicitar un nuevo TPS ante la administración del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual dependerá tanto del contexto político como del estado de las relaciones bilaterales.
Flores señaló que, si bien el tema migratorio es particularmente sensible, el acercamiento reciente entre los gobiernos podría abrir una ventana de oportunidad para replantear el tema de forma estratégica.
Análisis legal del fallo
La abogada migratoria Marcela Caro refirió que el 8 de septiembre de 2025 se anunció oficialmente la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que motivó la presentación de una demanda alegando discriminación racial.
No obstante, indicó que los tres jueces del Noveno Circuito resolvieron de forma unánime que la cancelación no se basó en discriminación, sino en informes oficiales que señalaban que Honduras estaba en condiciones de recibir a sus ciudadanos retornados.
“El TPS nunca fue una protección permanente. Dependía de renovaciones periódicas del Ejecutivo estadounidense”, subrayó Caro.
Con esta resolución, los beneficiarios ya no podrán renovar permisos de trabajo ni licencias de conducir, lo que coloca a miles de familias en una situación de vulnerabilidad legal y económica.
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Opciones para los beneficiarios
La especialista recomendó que los hondureños afectados busquen asesoría con abogados de migración acreditados, ya que algunos podrían optar a cambios de estatus si cuentan con hijos mayores de 21 años ciudadanos estadounidenses, o cónyuges con residencia o ciudadanía.
Además, mencionó que existe expectativa sobre el avance del proyecto de Ley Dignidad, impulsado por la congresista María Elvira Salazar, que podría ofrecer una alternativa legal para personas que estuvieron amparadas bajo el TPS.
Impacto social y económico
La eventual pérdida del TPS no solo afecta a las familias migrantes, sino también a sectores económicos en Estados Unidos que dependen de esta fuerza laboral, así como a Honduras, país que recibe miles de millones de dólares anuales en remesas enviadas por esta población.
Organizaciones migrantes advierten que la cancelación del TPS podría provocar separaciones familiares, pérdida de empleos y un aumento en la migración irregular.