Desde su nombramiento hasta su suspensión para ser sometido a un juicio político, la gestión de Johel Zelaya ha estado marcada por polémicas.
La gestión de Johel Zelaya al frente del Ministerio Público estuvo marcada por decisiones de alto impacto político, investigaciones polémicas y cuestionamientos sobre selectividad en la justicia.
Desde su nombramiento como fiscal general hasta su suspensión para ser sometido a un juicio político, las decisiones en torno a su administración fueron polémicas.
A continuación, un recorrido cronológico por los hechos más relevantes, desde su llegada al cargo hasta el proceso de juicio político en su contra.
Noviembre de 2023, nombramiento
El 1 de noviembre de 2023, Johel Zelaya asumió como fiscal general interino en un contexto de fuerte tensión política, luego de que el Congreso Nacional no lograra consensos para elegir autoridades del Ministerio Público.
Zelaya fue nombrado por la Comisión Permanente del Congreso, a propuesta del entonces presidente Luis Redondo. La decisión se tomó basándose en que el periodo de las autoridades anteriores (Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián) había vencido el 31 de agosto de ese año y el pleno del Congreso no lograba alcanzar la mayoría calificada (86 votos) para una elección definitiva.
Su llegada fue cuestionada por sectores que señalaban un trasfondo político en su designación. Posteriormente, en febrero de 2024, fue ratificado oficialmente en el cargo.
Septiembre 2024, caso del narcovideo de Carlos Zelaya
Uno de los primeros casos de alto impacto que enfrentó fue la difusión de un video que involucraba al entonces diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y por tanto cuñado de la entonces presidenta Xiomara Castro.
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El material generó controversia por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, la actuación del Ministerio Público fue cuestionada por su aparente lentitud o falta de profundidad en la investigación.
Sectores críticos señalaron que no se impulsaron acciones contundentes y acusaron a Zelaya de responder a intereses del gobierno de Castro, lo que alimentó acusaciones de selectividad en la persecución penal. Hasta la fecha no se conocen acciones investigativas en torno a este caso.
Mayo 2025, narcovideo de Romeo Vásquez
Otro episodio relevante fue la difusión de un video vinculado al general Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, quien aparece supuestamente recibiendo dinero de narcotraficantes.
En este caso, el Ministerio Público sí mostró una reacción más activa.
La diferencia en el tratamiento de ambos ‘narcovideos’, el de Carlos Zelaya y el de Romeo Vásquez, se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes acusaban a la Fiscalía de actuar con sesgo.
Junio 2025, caso Sedesol: señalamientos por inacción
Otro punto de crítica fue el manejo del caso Sedesol, relacionado con presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos.
Analistas y sectores de oposición cuestionaron que el Ministerio Público no avanzara con investigaciones visibles o contundentes. En ese momento se cuestionó que Zelaya no actuaba porque los involucrados pertenecían al gobierno de Libre.
El requerimiento fiscal contra 12 personas por 67 delitos llegó hasta el 12 de febrero de 2026, 16 días después de que terminara el periodo de Castro.
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Este episodio reforzó la narrativa de que la Fiscalía actuaba de forma desigual según los actores involucrados.
Marzo 2025, investigación por traslado irregular de urnas en elecciones internas
Durante las elecciones internas, el Ministerio Público anunció una investigación tras denuncias de traslado irregular de urnas.
En marzo de 2025, el material electoral fue movilizado en buses interurbanos y sin cumplir los protocolos establecidos. Esa irregularidad provocó graves retrasos en las elecciones internas, lo que generó sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.
Zelaya ordenó indagaciones para determinar responsabilidades, citó a declarar a autoridades de las Fuerzas Armadas, encargados de resguardar el material electoral y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al final se requirió a seis personas, pero el proceso está estancado en medio de recursos legales.
Noviembre 2025, caso audios sobre supuesto fraude electoral
Meses después, justo a pocos días de las elecciones generales el fiscal hizo una conferencia de prensa en la que sacó a la luz audios que supuestamente revelaban un plan para manipular las elecciones generales.
El Ministerio Público inició investigaciones y señaló directamente a una consejera del CNE, a un político y a un alto mando de las Fuerzas Armadas.
Este caso elevó la tensión política, ya que involucraba a actores cercanos al poder y generó una fuerte polarización en el país.
Diciembre de 2025, requerimiento contra magistrados del TJE
Tras las elecicones, en diciembre de 2025, el Ministerio Público libró un requerimiento fiscal contra de dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, por una resolución a favor de la inscripción de dos candidatos a diputados por Olancho y Valle.
Ambos magistrados son acusados del delito de prevaricato judicial por “emitir resoluciones contrarias a la ley” y ordenar al CNE la inscripción de Jorge Cálix y Cristhian Adalid Villalobos como candidatos.
Las acciones fueron calificadas por diferentes sectores como una persecución política en contra de los magistrados.
2026, juicio político
Para inicios de 2026, ya existía un acumulado de críticas para Johel Zelaya, como la falta de acción en casos como Sedesol, el manejo desigual de investigaciones sensibles, el protagonismo en procesos electorales y señalamientos de parcialidad.
Finalmente, el lunes 23 de marzo el Congreso Nacional aprobó iniciar un juicio político contra Johel Zelaya. Con 93 votos a favor la denuncia fue aprobada y se oficializó la suspensión del cargo a la espera del desarrollo y conclusión del proceso.