El Ministerio Público anunció que prepara un requerimiento fiscal contra magistrados del TJE por supuestas irregularidades en resoluciones electorales.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inadmisible la solicitud de antejuicio por prevaricato judicial contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Suyapa Barahona, ha desatado una serie de reacciones de sectores jurídico y político del país.
El Poder Judicial informó que la decisión de la Sala Ad-Hoc fue unánime, al concluir que los magistrados del TJE “no gozan de la prerrogativa del antejuicio”, conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y el artículo 421 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte la notificación inmediata del fallo para presentar requerimiento fiscal contra ambos funcionarios electorales, insistiendo en que su actuación busca “garantizar elecciones limpias y transparentes”.
El MP solicitó el antejuicio contra los magistrados del TJE tras ordenar la inscripción de los candidatos a diputados Jorge Cálix (Partido Liberal, Olancho) y Cristhian Adalid Villalobos (Partido Nacional, Valle) para las elecciones generales del 30 de noviembre.
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Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no acató la resolución por dudas sobre su legalidad, dejando finalmente a los candidatos fuera del proceso electoral.
Orellana: El MP debe explicar en qué se fundamenta el requerimiento
El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, consideró correcta la resolución de la Sala Ad-Hoc, pero advirtió que la insistencia del Ministerio Público en proceder penalmente genera dudas sobre la solidez jurídica de su actuación.
“Desde mi perspectiva, el órgano Ad-Hoc actuó correctamente. Si el Tribunal de Justicia Electoral tiene las mismas prerrogativas que la Corte Suprema, es lógico que no se le aplique el antejuicio”, explicó Orellana en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5.
El exfiscal se preguntó en qué se basará el Ministerio Público para sustentar el requerimiento. “El procedimiento está ahí, pero no entiendo en qué se va a fundamentar. Porque si el Ministerio Público dice que una sentencia es ilegal solo porque le parece, mañana podría procesar a jueces y magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema. Eso sería gravísimo”.
Orellana cuestionó además las prioridades de la institución. “El Ministerio Público está actuando demasiado rápido en temas de poca monta, mientras los casos de grueso calibre los deja de lado. Eso genera la percepción de que actúa con sesgo político”, advirtió, y agregó que estas decisiones “podrían llevar al país al colapso del sistema de justicia”.
“Estamos viendo una instrumentalización de la justicia”: Erazo
Otros analistas coincidieron en señalar que la actuación del MP refleja una “instrumentalización de los operadores de justicia“.
“Estamos viendo un comportamiento terco, sin fundamento. Esto es una guerra judicial para neutralizar a los órganos electorales”, opinó el analista Oliver Erazo en TN5.
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El abogado constitucionalista insistió en que los magistrados del TJE, al ser electos por el Congreso Nacional, gozan de la prerrogativa del juicio político y no pueden ser objeto de acciones penales directas.
“Cuando un órgano se presta a hacer lo que está haciendo el Ministerio Público, incurre en la conducta sancionatoria del artículo 4 de la Constitución y violenta el principio democrático de la separación de poderes”, advirtió.
Umaña: “Libre busca sembrar el caos y controlar el sistema judicial”
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, reaccionó a través de X (antes Twitter), señalando que el caso demuestra “la desesperación del partido Libertad y Refundación (Libre)“.
“Interpretar de manera perversa la ley y querer hacer un requerimiento fiscal es improcedente e ilegal. Libre busca sembrar el caos y controlar el sistema judicial en materia electoral”, escribió el legislador.
Umaña afirmó que, al no haber antejuicio, “lo que procede es un juicio político en el Congreso Nacional”, aunque consideró que “ese escenario no ocurrirá”.
“Libre sabe que ya perdió las elecciones y busca crear confusión. El voto masivo será la respuesta del pueblo”, añadió.
Contexto institucional
El portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte, explicó que la resolución de la Sala Ad-Hoc es clara en cuanto a las prerrogativas de los magistrados del TJE, equiparadas a las de los jueces de la Corte Suprema.
Mientras tanto, los magistrados electorales mantienen interpuesto un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, alegando violación de sus derechos fundamentales.
La decisión de la CSJ podría marcar un precedente clave sobre los límites entre la responsabilidad penal y la inmunidad política de los altos funcionarios electos por el Congreso Nacional, en un contexto preelectoral marcado por fuertes tensiones institucionales.
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